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Las viviendas ilegales

Emilio Ruiz

El pleno del Parlamento de Andalucía aprobó el pasado miércoles la modificación de tres artículos de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) para permitir la regularización de viviendas construidas en suelo no urbanizable. Votaron afirmativamente PSOE, PP y Ciudadanos, mientras se abstuvieron Podemos e Izquierda Unida, que no dijeron ni sí ni no sino todo lo contrario, una posición que para las dos formaciones de izquierdas, ahora asociadas, empieza a ser demasiado habitual. Es la única manera de no equivocarse, pensarán. Y de mostrarse irrelevantes, pienso. Fueron testigos de excepción del momento los miembros de diversas asociaciones de afectados, entre ellos la presidenta de Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), Maura Hillen, y el portavoz de la Coordinadora de Asociaciones por Justicia en el Urbanismo, Gerardo Vázquez.

Foto de familia almeriense en el Parlamento de Andalucía

La nueva normativa no es una amnistía que convierte en legal todo lo que es ilegal. Solamente se aplicará a las edificaciones aisladas construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable que tengan al menos seis años de antigüedad. Quedan fuera de la modificación legislativa las viviendas que están sobre suelo de especial protección o inundable y las que estén afectadas por expedientes administrativos. Las viviendas reparceladas que formen parte de un conjunto diseminado tendrán que regularizarse incorporándose en el PGOU de sus municipios.

¿Satisface esta modificación legislativa las demandas almerienses? Desde AUAN la satisfacción es plena porque deja abiertas muchas vías para la legalización. Se calcula que en todo el territorio andaluz se hay en tono a 250.000 viviendas fuera de ordenación. Según los cálculos realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en torno a 25.000 de estas viviendas podrían pasar del limbo en el que ahora se encuentran (para unos son ilegales, para otros alegales) a ser inmuebles totalmente legales. Almería puede ser precisamente la provincia que mejor aproveche el cambio normativo. En nuestra provincia, principalmente en el Almanzora y en el Levante, se cuentan por miles las viviendas que se encuentran sin regularizar y cuya legalización no supone ningún atentado paisajístico o urbanístico. Además, aquí contamos con la ventaja de que los perjudicados por esta situación están bastante bien organizados

Por extraño que parezca, no se conoce el número exacto de viviendas irregulares que hay en todos y cada uno de los términos municipales de la provincia de Almería. Hay varios censos elaborados, pero ninguno es exacto. A grosso modo podríamos hablar de entre 12.000 y 15.000 viviendas. Si se saben aprovechar las posibilidades que abre la modificación legislativa aprobada por el Parlamento de Andalucía el pasado miércoles, al menos 10.000 de estas viviendas pueden superar la frontera de la ilegalidad. El primer paso, que es poder dotarles de agua y electricidad y poder inscribirlas en el Registro de la Propiedad, ya está dado.