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Comienza el macrojuicio de la ‘Operación Costurero’

Javier Pajarón
Periodista

La irrupción de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Zurgena en la primavera de 2008 se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción urbanística en la provincia de Almería. El final de una época. La muerte de una política extendida a golpe de ladrillo en el Almanzora y el Levante. Ocho años después de los registros y las detenciones de la Policía Judicial, el denominado Caso Costurero llega a los tribunales. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería juzga desde este martes a 25 personas acusadas de favorecer presuntamente la construcción de viviendas ilegales en Zurgena entre los años 2003 y 2007.

Entre los acusados están el ex alcalde de la localidad, Cándido Trabalón Fernández (PA), el ex concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras Cruz, miembros de la corporación zurgenera, funcionarios municipales y empresarios vinculados con el sector inmobiliario. El Ministerio Fiscal pide para los procesados penas que suman 1.184 años de cárcel y casi 7.000 años de inhabilitación para el desempeño de cargo o empleo público, así como multas económicas de diversa cuantía. Los principales señalados de la investigación de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería están acusados de delitos de prevaricación urbanística,  negociaciones prohibidas y cohecho, según el escrito del fiscal especialista José María López Cervilla.

Las visitas de Trabalón y Tijeras a los juzgados se han hecho habituales

Cándido Trabalón y Manuel Tijeras acumulan las peticiones más severas como máximos responsables de la concesión de licencias en Zurgena entre 2003 y 2007. El ex alcalde se enfrenta a una solicitud de 180 años de prisión y 1.035 años de inhabilitación. Mientras, el fiscal interesa para el ex concejal de Urbanismo una condena de 213 años de cárcel y 1.273 años de inhabilitación. El resto de los acusados se enfrentan a peticiones que oscilan entre un año y medio de cárcel (los promotores con un papel más secundario) hasta los casi 90 años (los miembros de la corporación municipal que firmaron las actas donde se concedieron licencias para construir).

El caso es complejo y abarca cuatro años de autorizaciones, construcciones, actas de las reuniones de la Junta de Gobierno de Zurgena y relaciones con promotores urbanísticos. El procedimiento cuenta con 14 cajas con pruebas de convicción y más de 15.000 folios. Aunque este martes está prevista la celebración de la primera vista del juicio oral del Caso Costurero, el escenario más probable es un aplazamiento de las declaraciones de los acusados de varios meses.

La sesión inicial está reservada para las cuestiones previas y, dada la envergadura del procedimiento, el tribunal presidido por la magistrada Soledad Jiménez de Cisneros Cid podría decretar un plazo para estudiar las previsibles alegaciones de las partes. No en vano, se han personado en la causa una veintena de abogados, entre ellos conocidos letrados como Joaquín Monterreal, Antonio Segura, Alfredo Najas,José Pascual Pozo o Juan López Lidueña.

Cándido Trabalón y Manuel Tijeras se han enfrentado en los últimos años a varios juicios por supuestas irregularidades urbanísticas, aunque nunca de una entidad la reflejada en el Caso Costurero. En todos los asuntos han salido absueltos. En el actual procedimiento, la acusación fiscal eleva a un centenar las supuestas irregularidades en la construcción de viviendas en zonas no urbanizables de Zurgena. Las casas se levantaban fundamentalmente en dos tipos de terreno: suelo no urbanizable protegido y suelo rústico o agrícola no urbanizable.

El fiscal señala a Manuel Tijeras como presunto responsable de la concesión de licencias a espaldas de los informes  técnicos durante una primera fase, en el año 2003, donde ejerció como alcalde en funciones y concejal de Urbanismo. Relata ejemplos de autorizaciones en parajes como El Cucador o Llanos de las Eras.  Posteriormente esta supuesta práctica fraudulenta se extendió al resto de la corporación municipal, incluyendo a Cándido Trabalón, alcalde de Zurgena y miembro del Partido Andalucista.

La Fiscalía ha optado por considerar cada una de las edificaciones como un delito, en lugar de valorar la concesión de licencias urbanísticas como un hecho continuado, lo que habría supuesto una notoria reducción de la cuantía de las condenas solicitadas. Esta será, sin duda, uno de los campos de batalla durante el juicio. Otros elementos de discusión serán las condiciones de las escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil, el papel de los promotores y la amnistía de viviendas irregulares en el Almanzora impulsada por el Gobierno andaluz años después de Costurero.

La ex corporación municipal de Zurgena liderada por Cándido Trabalón afronta el inicio de la vista oral del juicio del Caso Costurero con el aval de siete procedimientos por presuntos delitos urbanísticos juzgados con anterioridad. Los antecedentes son favorables. En todos las causas, Trabalón, Tijeras y sus compañeros de la Junta de Gobierno fueron absueltos de delitos contra la ordenación del territorio por la concesión de licencias para edificar en terreno no urbanizable. En primera o segunda instancia, los tribunales acogieron los argumentos de las defensas y, de forma simplificada, estimaron que los dirigentes zurgeneros desconocían la calificación de los suelos como no aptos para la urbanización.

Además, la normativa autonómica también abre posibilidades de defensa. La regularización de viviendas levantadas en terreno rústico no urbanizable, pero sin protección medioambiental, permitió sacar de la alegalidad miles de casas surgidas del boom inmobiliario en amplias zonas del Valle del Almanzora. El Caso Costurero pone en cuestión la concesión de licencias en pedanías de Zurgena entre los años 2003 y 2007 y, a la vez, confronta el macroproceso judicial con los procedimientos anteriores ventilados en los Juzgados de lo Penal o la Audiencia Provincial de Almería.

De momento, este martes se celebra la sesión inaugural del juicio oral, dedicado a las cuestiones previas. Una vez resuelto este trámite, el tribunal presidido por la magistrada Soledad Jiménez de Cisneros Cid tendrá que establecer un calendario de sesiones para el desarrollo del juicio. No en vano, el volumen de acusados y letrados ha obligado desde el primer día a trasladar el caso desde el Palacio de Justicia (junto al Gran Hotel) hasta la Ciudad de la Justicia de Almería (Carretera de Ronda con Padre Méndez). Se ha reservado la sala más amplia del edificio, el salón de bodas. Allí se sentarán hoy Cándido Trabalón, Manuel Tijeras y los 23 acusados restantes.