Edita: FIDIO (Foro Indalo de Debate, Ideas y Opinión) C. I. F.: G04253035 Publicación no comercial.


Ataque a los agricultores andaluces

Miguel Ángel Vázquez
Portavoz del Gobierno de Andalucía

Los previsiones eran malas pero los hechos ciertos resultan catastróficos y dañinos. La distribución definitiva de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2014-2020 recrudece el castigo del Gobierno de la nación hacia Andalucía. La Junta ya alertó en 2014 de que Andalucía era la única autonomía que perdía fondos respecto al marco comunitario anterior por decisión caprichosa y arbitraria del Gobierno de Mariano Rajoy.

La distribución de los fondos castiga a Andalucía

Con el reparto cerrado de las ayudas europeas, se ha consumado la agresión pero mucho más severa que la anunciada. Al final serán más de 900 millones de euros los que dejen de recibir los agricultores de Andalucía, más del doble de lo previsto en su momento. Hasta 2020 se nos escamotean 616,5 millones en ayudas directas y 286 para desarrollo rural.

La propaganda del PP, con el conspicuo Arias Cañete al frente del Ministerio, sostenía que no se perderían más de 60 millones en ayudas directas. La realidad multiplica esta cifra por diez. Esto se suma a que ya nos habían metido la mano en la cartera en la inversión para desarrollo rural. Los datos son tozudos y confirman la preocupación mostrada entonces por el Gobierno de Susana Díaz.

Además del agravio con Andalucía, el modelo que defiende la derecha prima a las grandes superficies, a los terratenientes, y se penaliza a los pequeños y medianos agricultores. Por primera vez se imputa una reducción a los beneficiarios de ayudas inferiores a 5.000 euros, que en esta comunidad son 208.000 agricultores, el 80% del total. Se hace una reducción lineal del 8,64% para todos por igual y no progresiva a partir de los 5.000 euros.

Es la primera vez que en la historia de la PAC se utiliza un ajuste tan regresivo que favorece a los que más tienen y se ceba con los débiles. Muy del estilo del PP: regalos fiscales y amnistías para los poderosos y mano dura con las clases medias y trabajadoras. Un agravio más para exigir un cambio de gobierno en las elecciones que se repetirán el 26 de junio.