Edita: FIDIO (Foro Indalo de Debate, Ideas y Opinión) C. I. F.: G04253035 Publicación no comercial.


Antenas de telefonía, al servicio del poder, en Huércal de Almería

Emiliano Domene Fernández
Concejal de IU en el Ayuntamiento de Huercal de Almería

El pasado 15 de abril, el gobierno municipal de Huércal de Almería aprobó la nueva ordenanza municipal reguladora del Despliegue e Implantación de Instalaciones de Radiocomunicación con el objeto de adaptarla a la nueva Ley General de Telecomunicaciones, una norma que entre otras cosas permitirá a las empresas de telefonía, expropiar los tejados y azoteas de las viviendas privadas para instalar sus antenas. Lo mismo ocurrirá con los edificios y suelo público municipal. La consecuencia de todo esto es que, con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones y su posterior trasvase a las ordenanzas municipales, se deja a los vecinos y vecinas desamparados y se le otorga un enorme poder a las grandes compañías privadas de telecomunicaciones, pasando por encima de las competencias municipales y los derechos de la ciudadanía.

Antena de móviles
Con el nuevo texto ya no será necesaria la licencia municipal ni la realización de estudios de impacto ambiental, las comunidades de vecinos, no podrán oponerse a la instalación en su azotea de una antena de telefonía y ni siquiera se limitará las posibilidades de despliegue en los alrededores de viviendas, escuelas o centros de salud. Un modelo de l gestión pública en que la voz de la ciudadanía no pinta nada, una nueva concesión a las empresas privadas, a los operadores de telefonía, a las que les otorga para sus instalaciones la calificación de obras de interés general hasta tal punto que esta ley atenta directamente contra la propiedad privada, algo tan sagrado en otros aspectos para el Partido Popular y que no dudan en dejar en un segundo plano cuando el interés de las grandes compañías de telecomunicaciones está presente.

Desde IU vemos como algo realmente preocupante el hecho de que se legisle en perjuicio de la ciudadanía en algo tan sensible como el espacio radioeléctrico, la instalación de antenas, postes y otros elementos en espacios públicos y privados por la vía de la expropiación (algo reservado hasta ahora únicamente a las administraciones publicas),olvidándose de forma absoluta de los problemas de salud que dicho despliegue masivo puede producir en los ciudadanos y ciudadanas, supeditando la política a los intereses de las grandes multinacionales del sector. Una normativa que además obvia las recomendaciones del Consejo de Europa sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente, y no tiene en cuenta la aplicación efectiva de los principios de salud pública.

A nuestro entender, los Ayuntamientos deben tener  autonomía para poder corregir determinadas situaciones , capacidad para impedir la instalación de antenas cerca de escuelas infantiles, de parques, etc., es decir, contar con herramientas para intentar equilibrar las nuevas necesidades tecnológicas, con los intereses vecinales y con las precauciones para la salud de los habitantes de nuestro pueblo, los Ayuntamientos tienen el deber y deben tener el derecho de  poner en marcha normas que contemplen las garantías que exige la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre distancia mínima y nivel de emisiones.

El grupo municipal de IU quiere unas ordenanzas al servicio de la gente y no para defender los intereses de las operadoras de telefonía, creemos en la capacidad de decisión de los Ayuntamientos, en la capacidad de control de la ciudadanía y sobre todo en nuestra obligación de defender los derechos de vecinos y vecinas frente a esta nueva agresión y nos posicionamos frontalmente en contra de esta ley y de esta ordenanza.

Y finalmente, ¿alguien cree que estas compañías de telecomunicaciones, las más denunciadas por las asociaciones de consumidores a nivel estatal van a buscar el bien común, o por el contrario miraran por sus intereses comerciales y económicos?