Antonio
Fernández
Periodista
Al
hotel de El Algarrobico le ha tocado en suerte ser cabeza de turco de la
especulación que se extendió por las costas españolas durante varias décadas.
Estar en un Parque Natural como el de Cabo de Gata, incluir en el proyecto la
construcción de miles de viviendas y ser elegido por la ex ministra Cristina
Narbona para poner coto a los desmanes urbanísticos le convirtieron en el gran
símbolo de lo que no debía ser el desarrollo.
No siempre fue así, y tampoco ha sido constante la postura de los
grupos políticos en este asunto que parece tocar a su fin tras la última
sentencia del Tribunal Supremo que concluye que se levantó en suelos no
urbanizables y que la Junta tiene derecho de propiedad sobre los mismos. Sentenciado
el inmueble levantado por Azata, la batalla política sigue adelante y el PSOE y
la Junta aparecen como los principales responsables de la situación creada. De
hecho en la época en que se levantó el hotel eran los socialistas los que
gobernaban el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno de Madrid.
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| El paraje de El Algarrobico, ayer y hoy |
Sin
embargo, esas acusaciones, que este pasado miércoles llegaban al Parlamento de
Andalucía desde todos los grupos de la oposición, no reflejan una postura firme
a lo largo de los años contra el proyecto de El Algarrobico. Desde
el PP, por ejemplo, se ha jugado la baza política de aprovechar las
circunstancias para atacar al PSOE por los desaguisados cometidos en la
tramitación, aprobación y posterior reprobación del proyecto impulsado por
Azata del Sol en el término municipal de Carboneras. El propio presidente de
los populares almerienses, Gabriel Amat, consideraba de una forma rotunda en
julio de 2014 que el famoso hotel debía abrirse “ya”.
Pero
El Algarrobico ha provocado también disensiones internas en los partidos, y
especialmente en el caso del PSOE. Martín Soler, secretario provincial de los
socialistas, criticó a la ministra Narbona por su posición abiertamente
favorable al derribo del hotel. El
enfrentamiento fue aún más evidente por parte del entonces alcalde de
Carboneras, Cristóbal Fernández, responsable de la concesión de la licencia
municipal de obras a la empresa promotora. Más
contundente aún fue el posicionamiento del PSOE de Carboneras que, haciéndose
eco de las protestas de colectivos ciudadanos de la localidad, se rebeló ante
los planes de desmantelar el inmueble y llevó al Pleno del Ayuntamiento una
propuesta para que las obras siguieran adelante.
Una
cuestión martillea de forma permanente en las opiniones de los carboneros: “Por
qué si hay cientos, miles de proyectos similares que se han puesto en marcha en
todo el litoral español, nos ha tocado a nosotros ser cabeza de turco”. Y lo
cierto es que desde que, hace ya más de veinte años, fuera presentada la
primera versión del proyecto, ha habido muchos análisis, muchos cambios de
postura sobre el polémico hotel y ha tenido que ser una sentencia del Tribunal
Supremo la que deje claro que se construyó en suelo no urbanizable y, por
tanto, procede su demolición.
El
siguiente paso es pedir responsabilidades y eso hicieron este pasado miércoles
en el Parlamento los representantes del PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda
Unida.
