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Caso Facturas: un plan urdido para desviar 763.000 euros del Patronato de Turismo

Antonia Sánchez Villanueva
Subdirectora de La Voz de Almería

Tres años después de que una denuncia de los dirigentes del PP en Diputación levantara la liebre y abriera una investigación judicial sobre posible facturación falsa y pagos de viajes y gastos privados con cargo al Patronato de Turismo en la anterior etapa de gobierno del PSOE, han llegado las conclusiones del fiscal. Y son demoledoras. El informe de acusación del denominado Caso Facturas considera al exvicepresidente socialista de la institución, Luis Pérez Montoya, y a la por entonces secretaria general del Patronato, la funcionaria María Teresa González Rivera, responsables de urdir un plan para apropiarse de más de 763.000 euros de dinero público “para quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas”. En ese plan habrían tenido participación, en una u otra medida, hasta 18 personas, contra las que Fiscalía formula petición de pena.

Luis Pérez Montoya
El escrito de 38 páginas, elevado al Juzgado de Intrucción número 6, sostiene que ambos, a los que sitúa en la cabeza de la trama, utilizaron una doble vía para aprovecharse de las arcas del organismo autónomo dependiente de Diputación. Una, la más abultada, fue la concertación con empresarios proveedores del Patronato para que  emitieran facturas falsas por bienes y servicios inexistentes o de cuantía inferior a la facturada.

Según el escrito, para ejecutar el plan, Pérez Montoya dictaba “en múltiples ocasiones” resoluciones previo informe favorable de la secretaria “acordando la contratación de bienes o de servicios con conocimiento de que no se iban a prestar pero sí a pagar por el Patronato”. Cuando las facturas llegaban, el entonces vicepresidente estampaba un sello con su nombre y cargo y la secretaria estampaba el “conforme” haciendo constar “mendazmente” -asegura la Fiscalía- que era un servicio efectivamente prestando y acordando el pago.  Por este procedimiento  -según Fiscalía- desviaron un monto de 690. 202 euros.

El otro procedimiento fue el anticipo de caja fija, mediante el cual habrían defraudado 73.000 euros. Y, en opinión del fiscal, lo habrían hecho “de común acuerdo” para justificar gastos privados, sobre todo en comidas, que después endosaron al gerente del Patronato de Turismo “cuando aquel no los había efectuado”. Un total de 697 tickets o facturas emitidos hasta diciembre de 2010, fundamentalmente de restauración, les fueron pagados por ese sistema de una cuenta que, periódicamente, Pérez Montoya reponía mediante resolución.

Además de defraudar juntos, la funcionaria también engañó a Pérez Montoya, cuya firma habría falsificado para quedarse con 22.000 euros de un libramiento para una feria Fitur a la que finalmente no asistió.

Junto al papel de urdidores del plan para detraer dinero de las arcas públicas del Patronato de Turismo que atribuye al exvicepresidente Luis Pérez Montoya (PSOE) y la exsecretaria del Patronato de Turismo María Teresa González, la Fiscalía sitúa también en el epicentro de la trama al empresario Joaquín Conde, de Publifiestas Conde, y a los administradores de la agencia de viajes Leitour, Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos.

El Ministerio Público destaca el papel jugado por Joaquín Conde ya que estima que confeccionó 24 facturas simuladas por un importe total de 233.536, 28 euros entre noviembre de 2008 y junio de 2011 que fueron conformadas bien por Pérez Montoya, bien por González Rivera. Apunta, además, que el primero aprobó 15 expedientes de contratación menor y gasto para bienes que "no iban a ser entregados al Patronato o que lo iban a ser en una cantidad y valor muy inferior".

Mª Teresa González
El escrito de acusación recoge, en esta línea, que el empresario estuvo presente en una reunión celebrada en un restaurante de Almería en septiembre de 2009 en la que, junto al exvicepresidente de la Diputación, el presidente del Club Unicaja de Voleibol, Ramón Sedeño, y el tesorero del club, Guillermo Carmona, se habría acordado que el Patronato de Turismo "se hiciera cargo de una deuda de 25.000 euros que el equipo mantenía con la agencia Leitour Viajes". Según el Ministerio Público, el asunto no quedo ahí ya que Pérez Montoya, González Rivera y Conde Carrillo "usaron esta facturación simulada no solo para el pago de esta deuda del Club" sino también "para apropiarse de una cantidad muy superior”.

En este punto, el fiscal detalla que en septiembre de 2009, la exsecretaria del Patronato, el empresario y Juan Antonio Bisbal, quien entonces era administrativo del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, se reunieron con los administradores de Leitour Viajes y les "propusieron que emitieran facturas simuladas según conceptos que les indicaría María Teresa González para que fueran pagadas por el Patronato" y con quienes "convinieron que todos los viajes que encargaran Joaquín Conde y Juan Antonio Bisbal serían pagados con cargo a los fondos del Patronato, emitiéndose para ello facturas ficticias".

De este modo, Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos habrían confeccionado 107 facturas por 411.525,24 euros. De esta cuantía, sólo 49.065,02 euros fueron servicios reales. Estima, además, que "otra parte" de la facturación simulada "encubría auténticos viajes" pero a título particular de los dos cargos públicos, el empresario y el militante socialista "u otras personas a quienes ellos invitaban para disfrute personal de los acusados o de allegados". El importe de estos viajes lo cuantifica el en 41.116,87 euros.

Otros empresarios de los que presuntamente habrían actuado en connivencia son Dolores Hernández y Bernardo Hernández, de la mercantil Viajes Bernardo. Así, el fiscal indica que habrían presentado para su cobro al Patronato de Turismo un total de 22 facturas "simuladas" por importe total de 56.429,94 euros.  También hay acusación contra el administrador de Viajes Ejisol, la administradora de Viajes Viconos, el administrador de la mercantil Grupo JI26 SL,  un trabajador de Diputación, el entrenador y administrador del Club Polideportivo Vícar Goya, Miguel Angel Florido, el administrador de la empresa de autocares Blanco y Rodríguez, y los administradores de Bergasan.

La investigación del Caso Facturas considera que la exsecretaria del Patronato ordenó a un empleado de este organismo destruir expedientes comprometedores de la actividad fraudulenta cometida entre 2008 y 2011 tras las elecciones de junio de este último año que dieron la victoria al PP. Entre los papeles desaparecidos figuraban los relativos a los viajes contratados con la agendia de Viajes Leitour, la relación de facturas y los anticipios de caja.