Antonia Sánchez Villanueva
Subdirectora de La Voz de Almería
Tres
años después de que una denuncia de los dirigentes del PP en Diputación
levantara la liebre y abriera una investigación judicial sobre posible
facturación falsa y pagos de viajes y gastos privados con cargo al Patronato de
Turismo en la anterior etapa de gobierno del PSOE, han llegado las conclusiones
del fiscal. Y son demoledoras. El
informe de acusación del denominado Caso Facturas considera al
exvicepresidente socialista de la institución, Luis Pérez Montoya, y a la por
entonces secretaria general del Patronato, la funcionaria María Teresa González
Rivera, responsables de urdir un plan para apropiarse de más de 763.000 euros
de dinero público “para quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares
ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas”. En ese plan
habrían tenido participación, en una u otra medida, hasta 18 personas, contra
las que Fiscalía formula petición de pena.
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| Luis Pérez Montoya |
El
escrito de 38 páginas, elevado al Juzgado de Intrucción número 6, sostiene que
ambos, a los que sitúa en la cabeza de la trama, utilizaron una doble vía para
aprovecharse de las arcas del organismo autónomo dependiente de
Diputación. Una, la más abultada, fue la concertación con empresarios
proveedores del Patronato para que emitieran facturas falsas por bienes y
servicios inexistentes o de cuantía inferior a la facturada.
Según
el escrito, para ejecutar el plan, Pérez Montoya dictaba “en múltiples
ocasiones” resoluciones previo informe favorable de la secretaria “acordando la
contratación de bienes o de servicios con conocimiento de que no se iban a
prestar pero sí a pagar por el Patronato”. Cuando las facturas llegaban, el
entonces vicepresidente estampaba un sello con su nombre y cargo y la
secretaria estampaba el “conforme” haciendo constar “mendazmente” -asegura la
Fiscalía- que era un servicio efectivamente prestando y acordando el
pago. Por este procedimiento -según Fiscalía- desviaron un monto de
690. 202 euros.
El
otro procedimiento fue el anticipo de caja fija, mediante el cual habrían
defraudado 73.000 euros. Y, en opinión del fiscal, lo habrían hecho “de común
acuerdo” para justificar gastos privados, sobre todo en comidas, que después
endosaron al gerente del Patronato de Turismo “cuando aquel no los había
efectuado”. Un total de 697 tickets o facturas emitidos hasta diciembre de
2010, fundamentalmente de restauración, les fueron pagados por ese sistema de
una cuenta que, periódicamente, Pérez Montoya reponía mediante resolución.
Además
de defraudar juntos, la funcionaria también engañó a Pérez Montoya, cuya firma
habría falsificado para quedarse con 22.000 euros de un libramiento para una
feria Fitur a la que finalmente no asistió.
Junto
al papel de urdidores del plan para detraer dinero de las arcas públicas del
Patronato de Turismo que atribuye al exvicepresidente Luis Pérez Montoya (PSOE)
y la exsecretaria del Patronato de Turismo María Teresa González, la Fiscalía
sitúa también en el epicentro de la trama al empresario Joaquín Conde, de
Publifiestas Conde, y a los administradores de la agencia de viajes Leitour,
Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos.
El
Ministerio Público destaca el papel jugado por Joaquín Conde ya que estima que
confeccionó 24 facturas simuladas por un importe total de 233.536, 28 euros
entre noviembre de 2008 y junio de 2011 que fueron conformadas bien por Pérez
Montoya, bien por González Rivera. Apunta, además, que el primero aprobó 15
expedientes de contratación menor y gasto para bienes que "no iban a ser
entregados al Patronato o que lo iban a ser en una cantidad y valor muy
inferior".
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| Mª Teresa González |
El
escrito de acusación recoge, en esta línea, que el empresario estuvo presente
en una reunión celebrada en un restaurante de Almería en septiembre de 2009 en
la que, junto al exvicepresidente de la Diputación, el presidente del Club
Unicaja de Voleibol, Ramón Sedeño, y el tesorero del club, Guillermo Carmona,
se habría acordado que el Patronato de Turismo "se hiciera cargo de una
deuda de 25.000 euros que el equipo mantenía con la agencia Leitour Viajes". Según
el Ministerio Público, el asunto no quedo ahí ya que Pérez Montoya, González
Rivera y Conde Carrillo "usaron esta facturación simulada no solo para el
pago de esta deuda del Club" sino también "para apropiarse de una
cantidad muy superior”.
En
este punto, el fiscal detalla que en septiembre de 2009, la exsecretaria del
Patronato, el empresario y Juan Antonio Bisbal, quien entonces era
administrativo del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, se
reunieron con los administradores de Leitour Viajes y les "propusieron
que emitieran facturas simuladas según conceptos que les indicaría María
Teresa González para que fueran pagadas por el Patronato" y con quienes
"convinieron que todos los viajes que encargaran Joaquín Conde y Juan
Antonio Bisbal serían pagados con cargo a los fondos del Patronato, emitiéndose
para ello facturas ficticias".
De este modo, Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos habrían
confeccionado 107 facturas por 411.525,24 euros. De esta cuantía, sólo
49.065,02 euros fueron servicios reales. Estima, además, que "otra
parte" de la facturación simulada "encubría auténticos viajes"
pero a título particular de los dos cargos públicos, el empresario y el
militante socialista "u otras personas a quienes ellos invitaban para
disfrute personal de los acusados o de allegados". El importe de estos
viajes lo cuantifica el en 41.116,87 euros.
Otros empresarios de los que presuntamente habrían actuado en
connivencia son Dolores Hernández y Bernardo Hernández, de la mercantil Viajes
Bernardo. Así, el fiscal indica que habrían presentado para su cobro al
Patronato de Turismo un total de 22 facturas "simuladas" por importe
total de 56.429,94 euros. También hay acusación contra el administrador
de Viajes Ejisol, la administradora de Viajes Viconos, el administrador de
la mercantil Grupo JI26 SL, un trabajador de Diputación, el entrenador y
administrador del Club Polideportivo Vícar Goya, Miguel Angel Florido, el
administrador de la empresa de autocares Blanco y Rodríguez, y los
administradores de Bergasan.
La
investigación del Caso Facturas considera que la exsecretaria del Patronato ordenó
a un empleado de este organismo destruir expedientes comprometedores de la
actividad fraudulenta cometida entre 2008 y 2011 tras las elecciones de junio
de este último año que dieron la victoria al PP. Entre los papeles
desaparecidos figuraban los relativos a los viajes contratados con la agendia
de Viajes Leitour, la relación de facturas y los anticipios de caja.
