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El PP va camino de recuperar la alcaldía de La Mojonera

Juan Folío
La Opinión de Almería

José Cara, del Partido Popular, puede volver a ser alcalde de La Mojonera apenas unos meses después de verse en la oposición, lugar que pasaría a ocupar el actual alcalde independiente, José Miguel Hernández, que accedió a la alcaldía el pasado 24 de mayo trss conseguir su formación, Tod@s, seis actas de con concejal, los mismos que el Partido Popular. Todo depende de la ratificación de la moción de censura que junto a los populares ha firmado el único concejal socialista, Francisco Navarro.

José Cara
El portavoz y único concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de La Mojonera, Francisco Navarro, abandonó la secretaría general del PSOE local hace unas semanas. Entonces ya se oía el rumor de que era el primer paso para un cambio de alcaldía. Los argumentos que exponen los siete concejales que firman la moción de censura son muy variados: deterioro progresivo del Gobierno local, incapacidad para afrontar cuestiones políticas en defensa del municipio, incapacidad de alcanzar acuerdos, gestión contraria a los intereses del municipio, etc.

"Esa persona que pidió ayuda jurídica para denunciar lo que creía bochornoso e irregular es la misma que está dispuesta a sentar en el sillón al señor Cara", ha manifestado Adela Segura

La respuesta de los socialistas locales no se ha hecho esperar. Ha pedido a la Comisión Ejecutiva Provincial la inmediata expulsión del concejal por "gran fraude hacia todo el socialismo". La secretaria general de Política Municipal e Institucional del PSOE de Almería, Adela Segura, ha pedido a Navarro que explique públicamente los motivos por los que ha decidido apoyar una moción de censura junto al PP para arrebatar la alcaldía a los independientes, máxime cuando él "lideró las iniciativas" para llevar "al PP ante los tribunales" por su gestión en el Consistorio en mandatos anteriores. "Esa persona que pidió ayuda jurídica para denunciar lo que creía bochornoso e irregular es la misma que está dispuesta a sentar en el sillón al señor Cara", ha manifestado Adela Segura a Europa Press.

Artículo de Teleprensa:

Un tránsfuga del PSOE entregará el próximo día 4 de enero la alcaldía de La Mojonera al PP a cambio de un sueldo como liberado a tiempo completo y el puesto de primer teniente de alcalde. La reacción de los socialistas no se ha hecho esperar y fuentes autorizadas del PSOE almeriense han confirmado a Teleprensa.com que el tránsfuga Francisco Navarro será expulsado de manera inmediata y por vía de urgencia.

Francisco Navarro
Navarro, recientemente sustituido como secretario general de la agrupación local después de cosechar un único concejal frente a los seis de Tod@s en las municipales, una formación independiente aunque próxima a la ideología socialista, ha decidido dar la espalda al partido por el que consiguió el acta de concejal y ahora hará uso de los votos de los socialistas de La Mojonera para poner en el sillón de primer edil al mismo político que hace unos meses denunció ante la fiscalía por presunta corrupción.

El escándalo es de tales proporciones que se baraja la posibilidad de que el propio Partido Popular desautorice esa moción invocando los principios que le hicieron suscribir el pacto antitransfugismo, toda vez que se ha puesto precio a la recuperación de la alcaldía, consistente en una liberación económica a tiempo completo como teniente de alcalde.

El tránsfuga que ahora pretende sentar a José Cara en el sillón de alcalde, un modesto empresario agrícola de la zona, lideró en 2014 el grupo de concejales del PSOE de La Mojonera que emplearon más de año y medio en poder reunir todas las pruebas incluidas en una querella contra Cara, ante los numerosos “obstáculos” que puso el alcalde para que la oposición pudiera acceder a los expedientes, según denunció públicamente el portavoz socialista en el Ayuntamiento y secretario general del PSOE local de la época, Francisco Navarro. Para el entonces portavoz socialista, lo ocurrido en su municipio constituía un “escándalo mayúsculo” ante el cual el alcalde debería dar “las explicaciones pertinentes”.

Los hechos denunciados afectan a siete expedientes distintos, por actividades mantenidas por el Ayuntamiento con las filiales del grupo Hispano Almería Gesponiente y Alcosan, por un lado; además de con la empresa Coalsa, por otro lado.

José Miguel Hernández
En la denuncia se recuerda que en el año 2005, José Cara compró acciones de Gesponiente, un hecho que debía haber incluido en las declaraciones de bienes y actividades presentadas tanto en el Ayuntamiento de La Mojonera, por su condición de alcalde, como en el Parlamento de Andalucía, pero que no figura en ninguna de ellas.

Con esta compra, Cara pasó a ser accionista de una empresa que se beneficiaría posteriormente de dos operaciones firmadas con el Ayuntamiento: la enajenación de una parcela municipal en el sector 1, adjudicada a Gesponiente por 255.846 euros, y la permuta de unos terrenos municipales por otros de esta empresa, valorados ambos en 840.000 euros. Se da la circunstancia de que Gesponiente había comprado los terrenos que permutó con el Ayuntamiento apenas unos meses antes, con un valor catastral de 300.506 euros, de modo que esta operación supuso importantes ganancias para la empresa.

Además de estas dos operaciones, la querella también señala las irregularidades presuntamente cometidas por el alcalde de La Mojonera en la adjudicación de cinco obras municipales, realizadas por Construcciones Almería SA (Coalsa) y por Construcciones Alcosan Almería SL, esta última filial del grupo Hispano Almería.

Se trata de las obras de adecuación y mejora del Centro Cultural (adjudicadas por 605.849 euros), el complejo deportivo de la calle Rosaleda (adjudicado por 296.000 euros), el Museo de la Agricultura (adjudicado por 172.850 euros), el Centro de Usos Múltiples (por 738.336 euros) y la reconversión ecoenergética y medioambiental del Recinto Ferial (por otros 700.358 euros). Estas cinco obras fueron adjudicadas con informes desfavorables de la secretaria del Ayuntamiento, del interventor municipal o de ambos, que advirtieron de que no se podían licitar los trabajos porque no estaba acreditado que los terrenos fueran de propiedad municipal y porque, en algún caso incluso, no existía disponibilidad presupuestaria. Pese a estos reparos, el alcalde adjudicó las obras, lo que a juicio de los denunciantes constituiría un caso de prevaricación penal.