Edita: FIDIO (Foro Indalo de Debate, Ideas y Opinión) C. I. F.: G04253035 Presidente del Consejo Editorial: Emilio Ruiz

Almería Urban

Emilio Ruiz

El concejal Manuel Guzmán, consejero delegado de Almería Urban, la empresa municipal encargada de la mejora del casco histórico, ha anunciado que, atendiendo a una petición de Ciudadanos, en las mesas de contratación de las obras del Plan Urban no habrá ningún político. Sólo técnicos. La noticia –y más que la noticia, el hecho que la alumbra- ha sorprendido. Sobre todo por la razón que la motiva: “En pro de la transparencia municipal”. La deducción es obvia: según Almería Urban, la presencia de los representantes de los ciudadanos en un órgano como ése no solo anima a la transparencia, sino que la oscurece. Pues vaya.

La decisión de excluir a los cargos públicos de las mesas de contratación parte de un doble error: por un lado, la creencia de que solo los funcionarios pueden garantizar la limpieza de los actos administrativos; y por otro, la creencia de que los políticos tienden, por naturaleza, hacia la parcialidad. Y no es siempre así ni en un caso ni en otro. Ni los empleados públicos son seres de naturaleza superior iluminados por la justicia y la razón ni los políticos son personas que incitan a desviar los actos públicos hacia el beneficio propio o el de allegados.

Manuel Guzmán
Las mesas de contratación de las entidades públicas son tan importantes que requieren de la participación de todos para que las decisiones resulten ser las más beneficiosas para el interés general. Por eso necesitan de la participación equilibrada de políticos y técnicos. Mejor aún si en la parte política tiene presencia la oposición. Y tanto una parte como otra tienen que velar por la limpieza del procedimiento.

La Unión Europea ha reiterado que la modalidad de contratación más transparente es la subasta. En los casos en los que sea necesario el concurso es indispensable que los criterios de valoración de las ofertas se formalicen de forma objetiva y se excluyan aquellos de dan margen a la interpretación. Hace unos meses, una conocida empresa pública almeriense sacó a licitación una obra. Entre los criterios de valoración figuraban las mejoras que los contratistas proponían sobre el proyecto original.

Los interesados requirieron de la empresa una orientación hacia la que dirigir esas mejores. La respuesta fue que quedaba a criterio del licitador. Tras la apertura de las ofertas se observó que las mejoras presentadas por todos los licitadores fueron aceptadas de forma parcial. Excepto una, que fue aceptada en su totalidad, obteniendo, como consecuencia, la mayor puntuación y finalmente la adjudicación del concurso. Nadie dudó de que aquella propuesta del licitador fue orientada por quien finalmente la valoró. Porque no fue un caso aislado.