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Cajamar firma en Murcia un acuerdo antidesahucios

Juan Folío
La Opinión de Almería

No es solamente la sociedad civil quien está tomando conciencia de la necesidad de poner fin a los desahucios. También los partidos políticos, y hasta las propias entidades financieras. Cajamar es una de las entidades que más esfuerzos está haciendo por que ninguno más de sus clientes se vea en la tesitura de tener que abandonar su casa por falta pago mientras haya vías alternativas.

Cajamar
El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado un convenio de colaboración con Cajamar y otras tres entidades –BMN, Caixabank y Sabadell- para impedir los desahucios. “Se trata de una iniciativa destinada a evitar o paliar las consecuencias injustas de los desahucios, sobre todo en el caso de aquellas familias con menos recursos económicos”, dice el consejero Bernabé. “Es el primer acuerdo de este tipo que se va a suscribir en España entre una administración pública y las entidades financieras, y de su desarrollo se va a derivar un gran avance en la preservación del derecho a una vivienda digna”.

Mediante este acuerdo las entidades financieras se comprometen a mantener la interlocución con el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, de la Consejería de Fomento, para buscar salidas negociadas que permitan una resolución alternativa al procedimiento de ejecución hipotecaria, a la vez que se establecen las líneas generales para la constitución de una bolsa de viviendas vacías de las entidades financieras con destino a alquiler social.

Las entidades firmantes de este acuerdo se comprometen a encontrar una solución a los casos de ejecución hipotecaria que se planteen a través de la reestructuración o rehabilitación del préstamo hipotecario, la reducción o quita de la deuda, la dación en pago, la conversión del préstamo hipotecario en un contrato de alquiler, la venta del inmueble por el deudor, la suspensión del alzamiento en atención a los colectivos especialmente vulnerables o el alquiler social.

El convenio afecta a los propietarios de una vivienda que constituya su domicilio habitual y permanente, que puedan verse afectados por situación sobrevenida de insolvencia respecto al préstamo hipotecario y, por tanto, en riesgo de ejecución hipotecaria.