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Antonio Peñuela, alcalde socialista de Partaloa, esconde 'cosas' a su partido

Alejandro López Martínez
Partido Andalucista

A raíz de la información publicada en diversos medios sobre la situación de inexistencia de responsabilidad penal de Antonio Peñuela, alcalde de Partaloa por el PSOE, dicha información tiene como único propósito tratar de confundir a la directiva provincial del PSOE sobre su implicación en los hechos que se están juzgando por delitos urbanísticos, así como su condición a la fecha de acusado por delito de prevaricación.

Antonio Peñuela
El mismo que tiene expediente de expulsión aperturado por el PSOE en el año 2011 seguramente no ha explicado a la directiva provincial del PSOE el por qué dispone de un poder notarial absoluto, “tan amplio y extenso como permite la ley”, de las tres empresas que han tenido relación en la construcción de los numerosos chalet que se han construido de forma irregular en Suelo No Urbanizable, y que hoy se encuentran con una petición de orden de derribo por el fiscal.

Muy al contrario, el Sr. Peñuela hace alarde de un archivo por un error de calificación por parte del fiscal en el escrito de acusación, donde lo imputaban erróneamente por prevaricación, y no por un posible delito contra la ordenación del territorio tal y como ponía en la denuncia que originó dicho procedimiento judicial.

En dicha causa, aún pendiente de sentencia, consta la existencia de poder notarial a su nombre, emitido por las diferentes empresas que han construido las viviendas irregulares en el Residencial Retamar de Partaloa, existiendo numerosas peticiones de licencias de obras y contratos privados de venta firmados por este señor, los cuales habrían servido para adquirir viviendas por ciudadanos ingleses –adquirientes de buena fe- y que hoy se encuentran ante una petición de derribo por parte del fiscal.

Es una incongruencia que el Sr. Peñuela pudiera liderar una candidatura en el mismo partido que elevó al Senado propuesta para la modificación del Código Penal al objeto de evitar los derribos de viviendas en Suelo No Urbanizable, hasta el resarcimiento por los responsables de los daños, a los adquirentes de buena fe.

El Sr. Peñuela olvida así mismo recordar que pesa sobre él una denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial de Almería, la Comandancia de la Guardia Civil y ante la Gerencia Territorial del Catastro, por la desaparición –según informe técnico- de un extenso terreno de titularidad comunal, es decir, del común de los vecinos, en donde aparecen los chalet hoy construidos por las empresas de las cuales el candidato socialista gozaba de un amplio poder notarial.

Relacionado con la trama urbanística, existe igualmente denuncia presentada en el juzgado de Huércal-Overa por la presunta comisión de delito de prevaricación del Sr.Peñuela y resto de miembros del Grupo Municipal Socialista, al haber votado a favor de la aprobación del Plan General existiendo obligación legal de abstenerse por interés personal (según informe de los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial de Almería), y en contra de un informe desfavorable de la Agencia Andaluza del Agua, haciendo caso omiso a las advertencias de la Secretaría del Ayuntamiento, todo ello con el presunto interés de dar cobertura legal a la construcción de viviendas en Suelo No Urbanizable en las que directamente tendría intereses, como demuestran los poderes notariales.

Todos estos hechos constituyen la clara prueba de la existencia de una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Partaloa que, a la fecha, sigue investigándose, existiendo procesos pendientes de resolución judicial en los cuales podría estar implicado el Sr. Peñuela, y por los que su compañero de filas como concejal actual y ex-alcalde de Partaloa y presidente de la Agrupación Local del PSOE, el Sr. Federico Molina, tiene en firme petición de siete años y medio de cárcel en uno de los procedimientos.

Un partido que abandera la lucha contra la corrupción urbanística no debería tener en sus filas a concejales y mucho menos alcaldables que se encuentren relacionados con dichos casos de corrupción, y que tanto daño están haciendo a los propietarios de viviendas.

Por último y no menos importante, el Sr. Peñuela olvida mencionar que a la fecha se encuentra imputado por delito de prevaricación, teniendo señalada apertura para juicio oral, en el que resulta ser acusado por cesar ilegalmente a un secretario habilitado a nivel nacional, enfrentándose a una petición por parte del fiscal de inhabilitación especial para empleo o cargo público de ocho años y seis meses y una petición por parte de la acusación de diez años.

En definitiva, es claro que el Sr. Peñuela no está exonerado de cualquier delito, tal y como se manifestó en los medios de comunicación, entendiendo que es una clara artimaña con el objeto de eludir la resolución del expediente de expulsión que tiene aperturado por su partido desde el año 2011.