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Púnica: un exdirectivo denunció ‘mordidas’ de 600.000 € a concejales de Vera

Agustín Rivera
Periodista / El Confidencial

Responsables municipales del anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vera (Almería), que pilotaba el Partido Andalucista, recibieron 600.000 euros en comisiones procedentes de la caja B de la constructora Dico por permitir recalificaciones urbanísticas en el municipio. Así consta en una denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vera en 2009 por el sindicato Manos Limpias y que ahora se reactiva y amplifica tras el estallido de la Operación Púnica.

Según explicó David Merino, exdirector general de Dico, en su declaración ante el notario de Madrid Juan Manuel de la Cruz en agosto y octubre de 2008, el grupo empresarial construyó en la zona de El Playazo de Vera unos apartamentos turísticos denominados Marina Rey Resort. La mayoría se vendían como renta libre, “burlando la ley y la clasificación urbanística de la parcela”, que tenía un uso exclusivamente hotelero. Merino explica la existencia de “dádivas” para los concejales. “Se estaba realizando una construcción en irregularidad urbanística y fuera de la normativa, pero la obra no fue parada en ningún momento”, destacó Merino.

Caja B de Dico

El denunciante relató que estos apartamentos carecían de cédula de habitabilidad, que tendría que ser concedida por la Junta de Andalucía. “A pesar de ello, al menos un apartotel está funcionando con total impunidad y al margen de la ley”, añadió. Los responsables de Dico  también habían firmado un convenio urbanístico con los responsables del Ayuntamiento de Vera para aumentar la edificabilidad y la densidad de las parcelas.

"El negocio de Dico consistía en “comprar rústico y recalificar. Este grupo ha comprado a 100 pesetas [0,60 euros] y luego valía una fortuna. Recuerdo en Vera [Almería] 800.000 metros cuadrados a 100 pesetas y vender a ciento y pico mil pesetas, multiplicar por mil".

David Merino
Los propietarios de Dico, Julián Jiménez de los Galanes, alias el Tachuela, y Francisco Colado Sánchez-Camacho compraron a través de sus empresas suelo rústico en Vera (300.000 metros cuadrados) en el sitio denominado Gnomo. Convenían con el Ayuntamiento de Vera, presidido por Félix López (PA) la recalificación del suelo. Para llevar a cabo ese convenio y recalificación acuerdan con los responsables del municipio de Vera “unas comisiones importantes valiéndose de artilugios contables como para la obtención de dinero B”.

Manos Limpias narra en la relación de hechos, como consta en las diligencias previas 421/09 del juzgado almeriense, que Dico actuó “al margen de la legalidad, sin ningún tipo de escrúpulo con tal de conseguir sus objetivos, sobornando presuntamente a ediles municipales. En la caja B, con fecha 9 de enero de 2003, figura un pago de 113.280 euros con el concepto “Cargos políticos Vera”, según los cuadros de la contabilidad paralela del grupo denunciada por Merino.

En esta caja B también se incluía “el abono de lotería premiada y entregas en efectivo, propiedades y facturas falsas”. Las entregas de dinero a políticos fueron “sucesivas y de más importes a medida que se iban cumpliendo hitos urbanísticos, recalificaciones, aprobaciones”, indica la denuncia de Manos Limpias.

David Merino almorzó el 6 de noviembre de 2009 en el restaurante El Torreón de Ciudad Real con Jesús González de la Aleja Soria, que controló un tercio de las acciones de las sociedades del grupo Dico. En la conversación, que se presentó en el Juzgado número 2 de Vera, Merino habla sobre el exalcalde López, en ese momento primer edil del municipio almeriense. “Mira, este hombre lleva en la Alcaldía de Vera 16 años y ha hecho de Vera y su Ayuntamiento, su finca, su casa, y la dirige y hace lo que quiere”, precisa el exdirectivo de Dico.

La Fiscalía ha pedido la imputación por presunta prevaricación de López al autorizar un aval de 600.000 euros tras varios informes negativos del interventor municipal en la urbanización Puerto Rey en Vera. El exalcalde también se enfrenta a otra solicitud de imputación por presunta prevaricación en el llamado caso Proda, la construcción a medio terminar de unas naves industriales que recibían ayudas del IFA (hoy agencia IDEA), el ente instrumental pagador de los ERE en Andalucía.

“Teníamos una relaciones normales con Dico, como todo el mundo”, se defendió el exalcalde de Vera en declaraciones a El Confidencial. “No acostumbrábamos a recibir comisiones”, dijo López, y comenzó a reírse. “Que yo sepa no ha habido corrupción, no. En mi mandato, no”. Cuando este diario le cuestionó por otro caso de presunta irregularidad urbanística, se remitió al que fuera concejal de Urbanismo, Francisco Vázquez.

Vázquez reconoce que autorizó la licencia municipal a pesar del informe desfavorable de la Intervención. Preguntado por los 600.000 euros que denuncia Merino de pagos a responsables municipales, afirma con rotundidad: “Eso es mentira, que lo demuestre”. “A mí nadie me ha dado o insinuado nada. ¡Jamás en la vida! Se ha hecho todo en regla. Hemos cumplido en 16 años –añadió Vázquez– con todos nuestros planes urbanísticos”.

José Fernández, actual primer teniente de alcalde de Vera, municipio controlado por el PP desde las pasadas elecciones municipales, criticó que el ex primer edil pusiera el Urbanismo de la localidad en manos de los promotores y de Codeur, en la que participaba el Ayuntamiento con el 51% y Keymare con el 49%. Al igual que ocurrió en El Ejido, en la llamada Operación Poniente, el exalcalde andalucista también autorizaba la concesión de suelos a cambio de un módico precio anual. Este modus operandi se desarrolló en la Operación Levante, adelantada en octubre de 2009 por El Confidencial, que ahora resucita en los juzgados.