Iván
Gómez
Redactor-Jefe
de Diario de Almería
Un
pueblo de 8.000 habitantes ha ganado una batalla, de las más decisivas, al
gigante ecologista, un lobby integrado por millones de personas en España que,
a lo largo de los últimos ocho años, los que llevan paralizadas las obras del
hotel del Algarrobico, han ido sumando adeptos a su causa última: la demolición
de la mole de una veintena de plantas y 411 habitaciones en el parque natural
de Cabo de Gata-Níjar.
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| El juez Rivera |
Gobierno y Junta, al igual que los grandes partidos, al
menos fuera de la provincia, se posicionaron claramente en contra del
hotel de Azata y los varapalos judiciales que se han ido sucediendo, sobre todo
en los tres últimos años, les hicieron sellar un protocolo de actuaciones el 15
de noviembre de 2011 para la recuperación de la playa del Algarrobico. El cerco
carbonero se fue estrechando, sólo los vecinos y empresarios de la comarca
decidieron plantarle cara al empeño conservacionista y el giro radical que este
año ha experimentado la odisea jurídica del hotel, el de las dos últimas
sentencias del Tribunal Superior de Justicia, ha creado un nuevo escenario en
el que la mercantil y el pueblo han visto colmadas sus aspiraciones si bien,
como dejó claro el actual alcalde Salvador Hernández, en esta contienda no hay
ni vencedores ni vencidos.
Nada más conocerse el fallo del alto tribunal
andaluz sonaron los cohetes en el municipio, las redes sociales eran un festejo
virtual de una voluntad popular y algunos incluso se veían trabajando para la
empresa en el establecimiento más polémico del litoral. Azata, desde la
“alegría moderada”, ha hecho una llamada al consenso con las administraciones
para abrir el hotel compatibilizando “los medios de vida con la protección del
entorno”.
Y es
que en Carboneras dicen, desde hace ya años, que la primera especie a proteger
en el parque natural es la humana y argumentan que la previsión inicial de la
mercantil pasaba por crear 600 puestos de trabajo, directos e indirectos, en
temporada alta. La promotora ya estudia jurídicamente si puede continuar
con las obras, que se paralizaron en febrero de 2006 cuando la apertura del
negocio estaba prevista para la Semana Santa , y deja la puerta abierta a
introducir modificaciones en el proyecto turístico que durante dos décadas
recibió la bendición de todas las administraciones.
El director de Azata del
Sol, José Rodríguez, asegura que si bien se convirtieron el Algarrobico
en un símbolo de la destrucción de la costa podría pasar a ser también lo
contrario, un referente de la protección del medio ambiente. Sin embargo,
la odisea jurídica no ha terminado. La voladura que anunció el exministro Arias
Cañete está más lejos que nunca, pero el hotel indestructible sigue teniendo en
contra sentencias de peso, como las tres del Supremo y dos de la Audiencia Nacional
en las que se determina que invade los cien metros establecidos por la Ley de Costas. La
empresa, que llegó a plantearles a Gobierno y Junta una indemnización de 200
millones de euros para renunciar al emprendimiento, ha querido recordar que el
fallo del tribunal andaluz expone que no se viola la Ley de Costas, si bien
estarían dispuestos, en función de futuras resoluciones, a perder esa parte
inferior de la infraestructura que ocupara la zona de servidumbre del dominio
público marítimo-terrestre.
Los
ocho años de odisea jurídica han permitido a las partes implicadas en el
litigio dibujar diferentes escenarios para el hotel del Algarrobico. El primero
y el que cobró más fuerza tras la paralización de las obras y durante la
sucesión de varapalos judiciales en contra de los intereses de la promotora
Azata del Sol y el Ayuntamiento de Carboneras fue el del derribo. Así lo han
plasmaron simbólicamente los colectivos ecologistas, sobre todo Greenpeace, al
ocupar las instalaciones en una decena de ocasiones.
Un segundo decorado llegó con
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que
declaraba urbanizable los terrenos, si bien seguía invadiendo la zona de
servidumbre de protección de la
Ley de Costas y obligada a demoler la mitad inferior del
hotel, 14 de las 22 plantas. El último fallo del TSJA asegura que no viola la
normativa de Costas y, por tanto, el nuevo marco es el de una apertura en su
totalidad. Pero antes hay muchas otras incógnitas por despejar. La del
retracto, por ejemplo, será determinante.
“Gobierno
y Junta dicen lo contrario de lo que piensan”
(Cristóbal Fernández, exalcalde)
Después
de media vida en política, 28 años y siete legislaturas que sólo interrumpió
para cumplir una inhabilitación a la que fue condenado por el Supremo por un
delito electoral del que posteriormente indultado por el Gobierno de Zapatero,
Cristóbal Fernández dejó la política en mayo de 2011 con la frustración de no
haber podido demostrar que su ayuntamiento, el de Carboneras, actuó conforme a
la legalidad al autorizar y promover las obras del Algarrobico.
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| Cristóbal Fernández |
En plena
cascada de varapalos de la justicia a los intereses del hotel, fue
considerado por los ecologistas enemigo público número uno del medio ambiente
en España y el padre político de una criatura de la que todos renegaban.
Gobierno y Junta no querían saber nada de sus argumentaciones y denuncias
contra el derribo que planificaban de esta mole de 65.000 metros cúbicos
de hormigón y su partido en la provincia, al menos de cara a la galería, optó
por hacerle el vacío siempre que el entonces alcalde de Carboneras defendía los
intereses de su pueblo.
A raíz de la última sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía que dictamina que la licencia de obras que concedió su
equipo de gobierno se ajusta a derecho y no viola la Ley de Costas, Cristóbal
Fernández ha querido valorar la actuación de todos los actores implicados en
una historia interminable, la odisea jurídica del Algarrobico.
Ocho
años después de la orden de paralización de los trabajos de juez almeriense
Jesús Rivera, el exregidor sigue pensando que lo hizo atendiendo “a un momento
laboral en el que necesitaba salir a la palestra como adalid de la defensa del
medio ambiente” en Almería. Entiende que el magistrado cometió un error y echa
mano a la última sentencia del TSJA para avalar su tesis. “Por sus sentencias
los conoceréis”, añade en alusión a otros fallos de Rivera, como el del
Gran Plaza, en el que sí atendió al interés de los vecinos de Roquetas,
cuestión que no tuvo en cuenta en Carboneras.
Fernández recibió ayer
cientos de llamadas con felicitaciones de personas que forman parte de
las administraciones que trabajan -o así lo manifiestan- por el derribo.
“Dicen lo contrario de lo que piensan, sólo buscan el rédito político”, asegura
sin ningún reparo. No se pronuncia sobre las declaraciones de consejeros y
presidenta de la Junta ,
pero les recuerda, como ya hizo ante el juez, que “fueron ellos los que lo
promovieron y pusieron en marcha con la bendición del resto de las
administraciones, incluyendo a la de Costas”.
No
se olvida tampoco de la que fuera su amiga íntima, Cristina Narbona, una de las
que más trabajó por la demolición del Algarrobico en una brutal campaña cuando
era ministra de Medio Ambiente. “Fue contra el hotel por intereses personales,
nada más, se reunió con los ecologistas en su despacho y les prometió algo que
debía decidir la justicia”.
Es más, recuerda que el expresidente Manuel Chaves
tuvo que mediar para que lo recibiera en el Congreso, otro encuentro en el
que Fernández le reprochó a la ahora consejera del Consejo del Seguridad
Nuclear todo lo que tanto él como otros socialistas hicieron por ella cuando
era diputada por la provincia de Almería. Los ecologistas, y sobre todo
Greenpeace, fueron sus principales detractores durante años, lo pusieron al
frente de la lista negra de alcaldes del país.
Ahora lamenta el marketing y
otras prácticas por las que “hicieron del Algarrobico un icono de la
destrucción del litoral para seguir mamando de la teta del medio ambiente”.
Entre los apoyos políticos al hotel y su apertura destaca, sobre todo el de
Gabriel Amat, líder del PP de Almería, quien no ha dudado en enfrentarse a la
dirección regional y estatal de su partido apostando por una apertura sostenible
del hotel.
“Gabriel siempre ha estado por encima de las siglas, es lo que
hacemos los alcaldes que nunca dejamos de servir a los intereses de los
ciudadanos”. Después de años recibiendo ataques, el exalcalde asegura que el
tiempo le ha dado la razón. “Hemos trabajado de manera honrada, defendiendo
siempre lo mismo, mientras que los demás se cambiaron de chaqueta”. Con cierta
resignación se pregunta ahora con más motivo que nunca: “¿quién paga el daño a
la promotora y al pueblo?”.
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