Isabel
Morillo
Jefa
de Andalucía de El Correo de Andalucía
El
Gobierno andaluz tiene previsto analizar este martes las consecuencias de la
reforma fiscal aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en las arcas
andaluzas. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, valorará las
consecuencias de la bajada de impuestos en las arcas autonómicas. Este
departamento ya ha dado las instrucciones para empezar a elaborar los Presupuestos
autonómicos de 2015 y teme el impacto de esta nueva política fiscal en el
apartado de ingresos de la cuenta andaluza. Hay que recordar que el 80% de los
ingresos de las comunidades llega directamente del Estado. Los primeros
cálculos indican que esta reforma puede tener un coste directo en las arcas autonómicas
de 600 millones de euros solo en lo que se dejará de recaudar en IRPF. Es el
dato que puso este lunes sobre la mesa el secretario de Organización del PSOE
andaluz, Juan Cornejo, que preguntó cómo se va a compensar a las comunidades
por ese descenso en la recaudación.
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| Susana Díaz, el lunes / El Correo |
La
presidenta de la Junta ,
Susana Díaz, que acudió este lunes al cierre del curso escolar en un colegio
público en Pizarra (Málaga), pidió al Gobierno central que le garantice que la
reforma fiscal aprobada no obligará a las comunidades a acometer nuevos
recortes en servicios públicos básicos como la sanidad o la educación. «No
estaré de acuerdo», avisó. Se mostró convencida de que estas medidas afectarán
directamente a las arcas autonómicas. Según los cálculos ofrecidos por el
propio Gobierno central se dejarán de ingresar unos 7.000 millones de euros en
los próximos dos años y «si el 50% del IRPF va directamente a las comunidades y
a los ayuntamientos es evidente que lo dejeramos de ingresar las comunidades autónomas»,
aseguró Díaz.
Una
de las grandes denuncias del Gobierno andaluz es que esta reforma impositiva se
haya hecho de espaldas a las comunidades. La mayor preocupación del Ejecutivo
de PSOE e IU es el memorándum que el Ejecutivo español envió a la Comisión Europea
el pasado abril y que se compromete a bajar el peso de la sanidad y la
educación en el PIB español en la próxima legislatura. Unos ciudadanos «que
están machacados a impuestos que, desde 2011 se han subido 50 impuestos por
parte del Gobierno de Rajoy, no pueden soportar más recortes ni más desigualdad
en la presión fiscal», advirtió la presidenta de la Junta.
El
argumentario de críticas desde el Gobierno andaluz a la reforma fiscal en
marcha apunta al temor por la letra pequeña de estas medidas y destaca que es
una reforma «injusta», que rompe la progresividad del IRPFy premia a las
rentas más altas frente a las clases medias y trabajadoras. Además fuentes del
Gobierno andaluz mostraron su rechazo a que tributen por IRPF las
indemnizaciones por despido y lamentaron la subida del IVAa los productos
sanitarios, lo que creen que repercutirá en el coste de la sanidad pública.
Desde la Junta
insisten en denunciar que esta última iniciativa del Ejecutivo central no palía
la escalada en la presión fiscal en los dos años de legislatura del Partido
Popular. Sobre la incidencia que esta reforma puede tener en la recuperación
económica, la presidenta de la
Junta insistió en que se está «asfixiando» a las comunidades
y a las clases trabajadoras. Díaz garantizó que pese a la incertidumbre en los
ingresos que recibirá la Junta
medidas anunciadas como la recuperación de la paga extra de los funcionarios en
2015 siguen en pie.
Una
lectura diametralmente opuesta fue la que ofreció el Partido Popular. Desde la
oposición, los populares andaluces exigieron al Gobierno autonómico que copie
la iniciativa de Rajoy y alivie la presión fiscal, insistiendo que Andalucía es
la que más grava a los ciudadanos. La secretaria general del PP-A, Dolores
López Gabarro, aseguró que el PSOE-A «miente descaradamente» toda vez que «se
van a bajar más los impuestos a las rentas medias y bajas». «Los andaluces
somos los que más impuestos pagamos de toda España», denunció la número dos del
PP andaluz. El portavoz del PP-A y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo,
instó a la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. «La
bajada de impuestos favorece las rentas mas bajas y medias, apoya a la
inversión emprendedora, y a familias y dependientes», sostuvo López Gabarro,
quien destacó que esta reforma incorpora el llamado cheque social, con el «se
ofrece apoyo a las familias y a los dependientes», mediante la puesta en marcha
deducciones.
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