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Operación Poniente: Abengoa facturó 17 millones a cambio de nada, según la Agencia Tributaria

Antonia Sánchez Villanueva
Subdirectora de La Voz de Almería

La subdirectora de La Voz de Almería continúa desgranando el informe elaborado por la Agencia Tributaria sobre el presunto desfalco de las arcas del Ayuntamiento de El Ejido en la llamada Operación Poniente. En esta ocasión, se detiene en los beneficios del socio mayoritario, Abengoa, que operaba a través de empresas fialiales, y algunos funcionarios del Ayuntamiento.

El Grupo Abengoa, socio privado y mayoritario que el Ayuntamiento de El Ejido seleccionó en el año 1995 para crear la empresa mixta que gestionaría los servicios públicos (Elsur), también tuvo una parte muy activa en el saqueo de casi 60 millones de euros de las arcas municipales a través de dicha sociedad, según deja en evidencia el último y concluyente informe pericial de Hacienda aportado al sumario de la investigación judicial.

Felipe Benjumea, presidente
de Abengoa, socio en Elsur a
través de una filial
Para ser más concretos, las mercantiles Agensurasa y Aygesa que representaban sucesivamente el 70% del capital de Elsur se llevaron 16,5 millones de euros de sobrefacturación a la empresa de servicios de El Ejido entre los años 2002 a 2006 por no hacer absolutamente nada [en su doble sentido: ni pusieron freno a la situación ni hicieron ningún trabajo que lo justificara].

Los peritos de la Agencia Tributaria se preguntan en su informe lo que se preguntaría cualquiera: cómo es posible que el socio mayoritario de Elsur tolerara que las subcontratas controladas por los empresarios José Amate y Juan Antonio Galán estuvieran “ordeñando” la vaca Elsur, lo que equivale a decir “la vaca Ayuntamiento de El Ejido”.

Máxime cuando ya los órganos de dirección de Elsur habían sido avisados por la aseguradora Marsh. Y que estos, en especial el director gerente hasta 2008, Manuel Caballos, procedente de Grupo Abengoa, reportara habitualmente con el presidente de Aygesa y vicepresidente de Elsur, Antonio Borrero, al que consideraba su jefe. “Es evidente que el socio privado, que tiene la mayoría del capital (70%) y, por tanto, tiene mayoría en el Consejo de Administración y ha nombrado toda la cúpula directiva y puede cesarla y está participada por sociedades del grupo Abengoa, multinacional de amplia experiencia en gestión, no puede alegar ignorancia”, razona el informe de Hacienda.

Para los peritos, la respuesta -la que muchos podrían intuir- está clara: si el accionista mayoritario no tomó cartas en el asunto es porque “estaba ordeñando igualmente la vaca Elsur, es decir, la vaca Ayuntamiento de El Ejido, y ello a través de los contratos por asesoramiento genérico”.

Ese tipo de servicio de apoyo a la gestión que teóricamente Aygesa le prestó a Elsur no estuvo nunca previsto en las condiciones de la concesión y, según concluye el informe pericial, tampoco se llegó a prestar realmente. Y, sin embargo, le supuso a las arcas del Ayuntamiento -puesto que Elsur se lo repercutió vía incremento del canon anual- 16.548.000 euros en siete años. A esa cantidad habría que sumar otros 567.000 euros en servicios que Elsur sí prestó a Aygesa y que, sin embargo, nunca fueron facturados.

El cargo de esos supuestos asesoramientos a Elsur comenzó de manera tímida en 1997 con la cantidad de 29.499 euros pero fue experimentando una “escalada espectacular” hasta alcanzar un pico de 3,9 millones de euros en 2008. Argumentan los expertos de Hacienda que “de ser necesario recibir asesoramiento y apoyo a la gestión, la lógica nos diría que hubiese sido necesario al constituirse la sociedad y ponerse en marcha, justo al contrario de lo que aquí ha ocurrido”.

Pero, además, al mismo tiempo que se registraban esos exorbitantes incrementos de facturación por asesoramiento y apoyo a la gestión, Elsur cada vez estaba peor gestionada, pagaba a las subcontratas al doble de su valor y, aunque los precios cobrados al Ayuntamiento de El Ejido no paraban de incrementarse termina declarándose en concurso de acreedores en junio de 2011.

Todos estos hechos confirman, según consta en el informe pericial, que “realmente no se prestaron servicios de asesoramiento ni de apoyo a la gestión, sino que tales facturas tuvieron como única finalidad detraer fondos de Elsur a favor del socio privado y, como paso intermedio, incrementar los costes de Elsur para justiricar ante el Ayuntamiento de El Ejido la necesidad de incrementarle los precios”.

Las facturas, además, aparecen con descripciones genéricas que no permiten saber qué trabajo se había hecho ni por qué se fijaba ese precio. “Con esa documentación y esa descripción podría haberse puesto cualquier cantidad, el doble, la mitad, la quinta parte, la centésima parte, cualquier cosa”. En la abundante documentación intervenida en los registros no se ha encontrado tampoco ningún indicio que avale la existencia de los pretendidos trabajos de asesoramiento.

En cambio, sí se han hallado en los registros en el Ayuntamiento de El Ejido y en las oficinas de Elsur documentos que ponen de manifiesto, según los peritos judiciales, que “el socio privado decide primero cuánto se va a llevar y después fabrica el contrato, las facturas, los pedidos y los resúmenes para tratar de justificar las cantidades facturadas e intentar dar soporte documental a unos supuestos trabajos”.

Cinco funcionarios de alto escalafón del Ayuntamiento de El Ejido, el hijo y la esposa de dos de ellos y un cargo directivo de Elsur también percibieron jugosos ingresos procedentes en última instancia del Ayuntamiento de El Ejido. Lo hicieron a través de una sociedad creada en 2004, Urdial-Maryya SL, que facturaba a Elsur por la subcontratación de asistencias técnicas, a Clabert (empresa a su vez contratista con el Ayuntamiento) y a Diiesa (Diseño y Desarrollo de Infraestructuras Eléctricas de El Ejido, participada al 60% por Elsur).

Urdial ingresó entre los años 2004 y 2009 cantidades que suman por encima de los 2,3 millones de euros. La mayor parte de ese dinero (1,9 millones) procedía de Elsur. El segundo ‘cliente’ más importante era Clabert, que abonó en seis años 317.000 euros. A Diiesa le facturó solo en el año 2007, por un importe de 53.800 euros.

Los pagos que hizo esta sociedad estuvieron destinados a Agustín Santaella Rodríguez, jefe del Área de Obras Públicas del Ayuntamiento de El Ejido (250.682 euros); Agustín Santaella Aguilera, arquitecto, hijo del primero(44.163 euros); Francisco Javier Martíez, ingeniero industrial y director técnico de Elsur, (77.842 euros); María Natividad Castillo Gualda, esposa de Emilio García Alcántara, jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas del Ayuntamiento (28.753 euros); Francisco Gabriel García Lirola, arquitecto del Ayuntamiento (321.825 euros); María Jesús Maldonado Maldonado, jefa de Vías Públicas del Ayuntamiento de E Ejido (160.946 euros); y Antonio Cara Gallegos, técnico de Obras Públicas del Ayuntamiento de El Ejido (82.577 euros).

Como fundadores de Urdial figuran Agustín Santaella Aguilera (hijo de Agustín Santaella Rodríguez); María Natividad Castillo Gualda (esposa de Emilio García Alcántara y administradora) y Alicia González Fuentes (esposa de Francisco Javier Martínez-Pais Los Certales).

Sin embargo, en el análisis de los ordenadores intervenidos tras los registros, los investigadores han encontrado abundante intercambio de correos electrónicos entre las tres personas sobre las que recaían las sospechas de ser los verdaderos artífices y creadores de la sociedad: el jefe del Área de Obras Públicas, el de la Unidad Administrativa del mismo área y el director técnico de Elsur, según se hace constar en el informe pericial de Hacienda.

De ese intercambio de mensajes se deduce, entre otras cosas, que Agustín Santaella hacía propuestas al concejal delegado del Área de adjudicación de asistencias técnicas a Elsur que, posteriormente, la empresa mixta subrogaba con Urdial.

A la vista del análisis de esa documentación, el informe de los peritos judiciales concluye que la constitución de Urdial-Maryya por funcionarios del Ayuntamiento tenía como propósito “enriquecerse” a costa del propio Ayuntamiento a través de la facturación a Elsur. Diversos funcionarios recibieron ingresos económicos procedentes de esta sociedad, bien directamente, bien a través de sociedades interpuestas, por trabajos en asistencias técnicas de obras también municipales.

Esos funcionarios eran los que tendrían que haber controlado los trabajos de Elsur y de Urdial-Maryya, o sea, controlarse a ellos mismos.