Iván
Gómez
Jefe
de Local de Diario de Almería
Galasa, Galasa, la ruina de tu casa, decían
los vecinos del Levante y Valle del Almanzora cuando llegaban los recibos. Pero
nada más lejos de la realidad. La comparativa con las tarifas por el suministro
de agua con otros municipios de la zona e incluso de la vecina provincia de
Murcia permite demostrar que uno de los motivos por los que Galasa está al
borde de la quiebra es por el bajo coste del servicio -ni siquiera se ha
actualizado en los últimos años al Índice de Precios de Consumo (IPC)-
que han venido percibiendo por el abastecimiento y tareas de saneamiento y
depuración que prestan a más de 100.000 almerienses.
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| Oficinas de Galasa en Vera |
En las últimas legislaturas no se han
adecuado las tarifas al coste real de la prestación en el mercado, por
populismo y uso partidista de la empresa pública en algunas ocasiones o por
negligencia y despreocupación en otras, y se han mantenido unos precios
inexplicables y arbitrarios que generan entre los propios municipios que
reciben el agua agravios comparativos, sobre todo con algunos del Almanzora que
se abastecen prácticamente gratis.
Los vecinos de las localidades del Levante
pagan 21,09 euros por el consumo medio de 15 metros cúbicos
al mes (más el IVA y canon autonómico), mientras que los de Somontín por ese
mismo volumen sólo pagan 4,60 euros. En Tíjola abonan 11,97 euros y en Macael
6,11. ¿Alguien puede explicar el origen y justificación de las diferencias de
tarifas? No. El actual equipo de gobierno de Diputación no entiende esta
gestión irresponsable de tantos años que ha generado un agujero negro superior
a los 30 millones de euros en Galasa y ha decidido tomar cartas en el asunto.
Además de no adaptar los precios, ni cortar
el suministro a los ayuntamientos morosos del Almanzora que se
comprometieron a compensar de sus arcas el bajo precio de las tarifas a sus
ciudadanos, en las anteriores legislaturas se firmaron acuerdos sin que pasaran
por el consejo de administración y se hizo caso omiso de un buen número de
informes desfavorables de los técnicos sobre ciertas operaciones de dudosa
legalidad.
Ante este desastre, la Diputación tenía la
opción de liquidarla, lo que implicaba el despido de sus 95 trabajadores y
la asignación a cada uno de los ayuntamientos que forman parte del accionariado
de su correspondiente parte de la deuda, pero decidió apostar por este modelo
público al entender que es hora de reflotar la empresa provincial de aguas. Una
vez descartado el cierre, han optado por un rescate que podría generarle un
desgaste electoral si las medidas que ponen sobre la mesa acaban afectando al recibo
de los contribuyentes.
Ya le ocurrió al socialista Tomás Azorín,
el que fuera presidente de la
Diputación cuando se creó la entidad para solucionar los
graves problemas de abastecimiento en el Levante y Almanzora, al consentir un
incremento del afán recaudador entre los años 1991 y 1995. Le acabó pasando
factura a los ayuntamientos gobernados por su partido, que perdieron ante los
populares e independientes conocidos en su día por sus reivindicaciones contra
la subida del precio como los alcaldes del agua.
Pero no ocurrirá de nuevo, el PP aprendió
la lección y el equipo de gobierno de la Diputación argumenta
que no han revisado las tarifas de Galasa y que no han previsto ningún
incremento en lo que resta de legislatura.
El acercamiento a la estabilidad y el
equilibrio presupuestario, del que otros gestores anteriores se alejaron
tanto, partirá de una serie de medidas que ya se vienen aplicando. La
negociación con los proveedores ha permitido reducir los costes, hasta el de
los folios que se utilizan en las oficinas, se ha rebajado en un 50% los
sueldos a directivos, se han suprimido las dietas y coches oficiales, se han
limitado los gastos de telefonía y el nuevo convenio laboral permite un
ahorro de 500.000 euros cada año (de una masa salarial de 3 millones).
El vicepresidente de la Diputación , Javier
Aureliano García, asegura que en lo que va de legislatura se ha recortado
la deuda en nada menos que siete millones. “Heredamos una sociedad en quiebra y
vamos a levantarla con gestión, sin que afecte al bolsillo de los
ciudadanos”. Acordaron con Acuamed una inyección de agua desalada de la
planta de Carboneras, el pasado verano a raíz del aumento del nivel de
trihalometanos en los municipios del Levante, pero este suministro es tres
veces más caro y han tenido que renegociar los convenios con la sociedad
estatal dentro del plan de austeridad con el que quieren evitar el cierre de
Galasa.
De hecho, en los cajones de la Diputación , en los
mismos que había facturas falsas del Patronato de Turismo de la legislatura
anterior, han aparecido acuerdos con Acuamed por los que se han llegado a
aportar hasta 15 millones de euros a cambio de prácticamente nada o se han
financiado infraestructuras hoy sin uso como la tubería que conectó con Albox
que tiene su propia concesionaria del agua.
El cambio de rumbo de la empresa provincial
también pasa por la reducción de las pérdidas, que rondaban el 30% del
suministro y pretenden solventar con Fondos Feder, y por una adaptación de sus
estatutos a la Ley
de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) y a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ha generado
una agria polémica al vislumbrar los socialistas de la comarca que llevará
aparejados nuevos precios.
Sin embargo, la Diputación lo descarta
y critica que, después del varapalo al principio de solidaridad derivado de
las salidas de Vera y Albox, el PSOE contribuya a desestabilizar un modelo
público que nació para acabar con los problemas del agua en la provincia. A
largo plazo planteará la unificación de tarifas por zonas, pero no a costa de
subir el recibo a los contribuyentes. Ahora toca promover la concurrencia de
voluntades.
El proceso de modificación de los estatutos
que ha sido aprobado ya en los plenarios de Garrucha, Cuevas y Cantoria,
entre otros, no tendrá luz verde de los ayuntamientos que gobierna el PSOE. De
hecho, tampoco será aprobado en otros con gobiernos populares como Vera y
Olula, municipio éste último que abonó en esta legislatura casi 630.000 euros
acumulados de deuda por el saneamiento y depuración.
Es más, el equipo de gobierno recuerda,
ante las críticas del PSOE, que ha destinado en sus casi tres años de
la actual legislatura casi doce millones euros a obras relacionadas con el
ciclo integral del agua que son competencia de la administración andaluza.
Durante este tiempo se han visto obligados, para acabar con las cubas, a
construir nuevas potabilizadoras en Somontín, Benizalón y Tahal y han tenido
que solventar los problemas técnicos que habían surgido al poner en marcha la Junta al menos siete
estaciones en pequeños pueblos que no tenían agua potable, ya que se
inauguraron pero no se habían puesto en funcionamiento.
Y, por último, aclaran que la única
administración que ha subido las tarifas ha sido la Junta de Andalucía con el
canon autonómico del agua.
Comparativa de las
tarifas (15 metros
cúbicos/mes)
Níjar:
31,47 euros
Albox:
29,88 euros (32,56 con el incremento del precio)
Olula
del Río: 24,36 euros
Vera:
23,17 euros
Vélez-Blanco:
21,46 euros
El
Ejido: 20,64 euros
Roquetas
de Mar: 19,35 euros
Purchena:
19,34 euros
Águilas
(Murcia): 32,50 euros
Lorca
(Murcia): 37,19 euros
Puerto
Lumbreras (Murcia): 32,30 euros.
Levante
(Galasa): 21,09 euros
Almanzora
Galasa
Albanchez:
6,52 euros
Armuña:
4,80 euros
Cantoria:
5,00 euros
Fines:
5,69 euros
Laroya:
6,10 euros
Lucar:
7,13 euros
Macael:
6,11 euros
Serón:
8,17 euros
Sierro:
17,99 euros
Somontín:
4,60 euros
Suflí:
5,70 euros
Tíjola:
17,97 euros
Urracal:
5,90 euros
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