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¿Me va a tirar la casa la Junta?

Raquel Pérez
Corresponsal de Abc

El derribo de dos viviendas de ciudadanos británicos en el municipio de Cantoria a comienzos del pasado mes de noviembre disparó la voz de alarma sobre el futuro de las casas que se encuentran fuera de ordenación en la provincia de Almería. El revuelo generado por la publicación de las demoliciones en los principales diarios ingleses obligó a la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, a trasladarse a la Comarca del Almanzora para analizar la situación con alcaldes y empresarios.

Derribo en Cantoria
Les puso sobre la mesa que de los 13.000 inmuebles alegales que su departamento tiene registrados en la zona cerca de un millar no podrán ser regularizados. El resto, al parecer, sí, pero nadie sabe de qué manera; la propia consejera a preguntas del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía tampoco ha sabido aclarar cómo se van a articular estos procedimientos. En todas las ocasiones su discurso ha sido el mismo. Se compromete a «solucionar los problemas» de regularización salvo en los casos en los que se den sentencias judiciales de derribo, «que no podemos dejar de cumplir».

Eso de cara al público, porque a nivel administrativo en los despachos la situación es bien distinta. La Junta ha requerido a todos los ayuntamientos de esta comarca que comiencen a declarar la nulidad de licencias de obras concedidas hace años para construcción de viviendas. Este mes se han sucedido los casos. El último, cuando el Ayuntamiento de Arboleas reconocía la apertura de sendos expedientes de revisión de licencias sobre siete casas alegales levantadas en la barriada de Los Carrascos. El fin del procedimiento es declararlas nulas, como le pidió el Gobierno andaluz en mayo.

Como precisa el alcalde, Cristóbal García (PSA), «hemos analizado la situación de estas viviendas, que se encuentran en Los Carrascos y en zona legalizable, pero a la hora de su construcción se cometieron varios presuntos delitos». De hecho su edificación propició que la Policía Judicial de la Guardia Civil irrumpiera en el Consistorio durante el pasado mandato.