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La Fiscalía del TSJA le echa un rapapolvo a Amayt

Noticias de Almería
Redacción

El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Arturo Gómez Pardo critica en un auto que la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) haya pretendido abrir “una suerte causa general” contra los políticos, funcionarios y otros empleados públicos de la Diputación de Almería con la denuncia que le presentaron por el pago de 4,5 millones de euros en facturas mediante reconocimiento extrajudicial de crédito.

Carolina Gutiérrez, presidenta de Amayt
La “amplia” denuncia que le hicieron llegar ha sido rechazada en los términos expresados por la asociación, ya que según Gómez Pardo, los presuntos delitos no los habrían cometido quienes pagaron las facturas en la actual Corporación, si no quienes contrataron de modo presuntamente ilegal los servicios, que es algo que efectuó la anterior.

Gómez Pardo afirma textualmente que de los propios términos en que se presenta la denuncia se extrae que “supone una suerte de causa general contra todos los miembros de la Corporación Provincial (y quizá también de ciertos funcionarios y empleados públicos)”. El fiscal argumenta su valoración basándose en que a pesar de narrar los hechos “profusamente”, no llegan a “explicitar” detalles que considera fundamentales, como “que un grupo político (Izquierda Unida) votó en contra del acuerdo adoptado en el primer pleno y se abstuvo en el segundo, y que otro grupo (el Partido Popular) votó en contra del primer acuerdo y a favor del segundo. Como tampoco especifica que los componentes de los partidos políticos (PP y PSOE) son diferentes en el primer pleno denunciado y en el segundo, como consecuencia del resultado de las elecciones habidas entre ambos, y de la nueva composición de la Corporación Provincial”.

El fiscal considera que esos detalles deberían haber venido bien argumentados en la denuncia para justificar la presentación ante el TSJA, ya que es quien conoce de los delitos cometidos por aforados, siendo el único en esa situación el diputado provincial y parlamentario andaluz Miguel Ángel Castellón, de la Corporación actual. En ese sentido concluye diciendo que lo relatado “en el supuesto de constituir delito, habrían sido cometidos por Autoridades o funcionarios durante una época anterior al gobierno de la Diputación por parte del partido político del que forma parte el Diputado del Parlamento Andaluz”, por lo que entiende que carece de rigor plantear que participase en ellos.

Pero no se queda ahí el fiscal, ya que recrimina a la asociación que “en su amplia denunciam se limitan, sin embargo, a citar los supuestos delitos cometidos, omitiendo la literalidad del tipo penal de cada uno de los mismos, y reduciéndose su fundamento jurídico a la presunta imputación a una breve alusión jurisprudencial al delito de prevaricación administrativa”.

Además les apunta un error al aludir dos artículos del Código Penal relativos a la “estafa común” cuando “ni siquiera son mencionados en la denuncia”.

Tampoco acaba el fiscal de dar por válido un supuesto delito de falsedad en documento público “según consta en la propia denuncia supuestamente presentada ante la Fiscalía Provincial de Almería por el Sr. Usero”. Es de suponer que si el expresidente socialista de la Diputación Juan Carlos Usero hubiera presentado una denuncia ante la Fiscalía debería quedar constancia documental suficientemente clara como para Gómez Pardo no tuviera que usar el término “supuestamente presentada”.