Iván Gómez
Jefe de Local de Diario de Almería
Dos familias de Roquetas serán las
primeras de la provincia en beneficiarse de la expropiación del uso de sus
inmuebles por la Junta en aplicación de la Ley 04/2013 de Función Social de la
Vivienda que entró en vigor en abril de este año. Es un paso más de la
administración andaluza que les asegura un techo bajo el que vivir después de
meses con la firme amenaza de desahucio en sus hogares en la Plaza Itálica y la
calle Pablo Picasso.
La delegada territorial de Fomento,
Vivienda, Turismo y Comercio, Encarna Caparrós, firmó ayer a mediodía el
expediente con la declaración de interés social y necesidad de ocupación de los
inmuebles para su inminente remisión al Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA), abriendo un periodo de 15 días de información pública en el
que se pueden presentar las alegaciones pertinentes.
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| Una familia de Roquetas ha estrenado la Ley en la provincia de Almería |
Ya han aparecido en el BOJA. Las dos viviendas a expropiar ya
aparecieron en el BOJA el 12 de julio de este año, junto a otra de la calle
Campo Verde nº 33 de la capital, pero se paralizó toda la tramitación con el
recurso del Gobierno de Rajoy presentado ese mismo mes contra el decreto
antidesahucios de la Junta y se han tenido que reiniciar ahora. De hecho, la
tercera en discordia será remitida posteriormente a información pública porque
aún restan unos flecos jurídicos por concretar.
Y no son las únicas. En la provincia de
Almería hay 10 expedientes más, entre los 133 que hay en toda Andalucía, que
siguen pendientes de su envío a BOJA tras constatar los técnicos que cumplen
los requisitos. Hay 17 expedientes a los que sólo les resta el paso de su
culminación en el Consejo de Gobierno en la comunidad autónoma, entre los que
se incluyen los 3 de Almería.
Las expropiaciones, con todas las
garantías jurídicas y procedimentales, se realizarán en virtud de la Ley de
Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda,
aprobada el 25 septiembre por el Parlamento de Andalucía y en vigor desde el 9
de octubre. Lo que la administración regional hace es autorizar la expropiación
para garantizar que la familia que está en inminencia de desahucio, en caso de
riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las
personas se pueda quedar en su casa durante un periodo máximo de tres años en
el que deberán aportar a la Junta como pago una renta del 25% de los ingresos
familiares.
El primer expediente, en Huelva. Los solicitantes perdieron las
esperanzas cuando el Ejecutivo central recurrió el decreto este verano, pero
ahora que se ha aprobado el primer expediente de expropiación por parte de la
Junta de Andalucía de una vivienda en la calle Alonso de Ercilla de Huelva han
recuperado la ilusión. Y es que una familia onubense en situación dramática ha
respirado al ver culminada la expropiación temporal, la primera que se realiza
en España para frenar un desalojo que estaba programado para mayo de este año.
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| La delegada, satisfecha |
Y su aliento ha llegado ya a la
provincia almeriense en la que la Junta tenía identificadas en abril a 27
familias con necesidades de protección y riesgo de exclusión a través de la
Oficina de Defensa de la Vivienda. Un instrumento que cifró en nada menos que
70.000 los inmuebles vacíos en Almería fruto de una burbuja inmobiliaria que,
tras su pinchazo, la administración andaluza va a exprimir a través de sus
planes de fomento del alquiler social.
La delegada, satisfecha. La delegada Encarna Caparrós manifestó
ayer su satisfacción a este periódico nada más firmar los dos primeros
expedientes de expropiación que permitirán que dos familias de Roquetas puedan
seguir disfrutando de su casa. “Van a ver cumplido su derecho a una vivienda,
que es sagrado, y serán muchas más familias almerienses las que puedan acogerse
durante los próximos meses a esta oportunidad de mantener su casa”.
La Junta abrió en octubre de 2012 una Oficina
de Intermediación contra los Desahucios en Almería en la que presta servicio
gratuito de atención y asesoramiento a las familias con problemas hipotecarios
y de endeudamiento. Puso a su disposición a los mejores medios técnicos y
humanos en un intento de romper la neutralidad de las administraciones públicas
ante un drama e injusticia social que les avergüenza desde hace años.
Este instrumento viene prestando un
triple servicio por el que se realiza un estudio particular de la capacidad
económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera
correspondiente y atención social. En su primer mes atendieron medio centenar
de familias que han superado el medio millar tras un año de funcionamiento.
11.000 en la provincia. Desde el comienzo de la crisis han sido
más de 11.000 los afectados por los desalojos en la provincia, según los datos
recogidos por el Consejo General del Poder Judicial. Los desalojos alcanzaron
su máximo histórico en los primeros seis meses de 2011, con un incremento del
84,9% en relación al mismo periodo del año anterior que situó a Almería a la
cabeza de esta negra estadística. Desde 2007 se han ejecutado en Andalucía en
torno a 80.000 desahucios.
Además del trabajo realizado por la
Junta, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha jugado un papel
fundamental en la provincia. En marzo de este año presentaron en los juzgados
nada menos que 25 peticiones de paralización de ejecuciones a raíz de la
sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que declaraba ilegales algunas
cláusulas de la Ley Hipotecaria española.
Además están detrás de mediáticas
paralizaciones de desalojos como la de Sebastián y Juana que se iba a producir
en septiembre de 2012 en su casa de la calle Remo de Pescadería y hoy siguen
residiendo allí. Como también consiguió el colectivo Stop Desahucios a finales
de julio cuando logró que Macarena Cruz, su marido y su recién nacido pudieran
quedarse en su hogar en el barrio de Los Molinos.
150 familias con problemas hipotecarios. Son muchas las
voces críticas contra los desahucios que, después de años en segundo plano por
la desidia de las administraciones públicas, han conseguido estar en primera
fila por el respaldo normativo y legal que le ha aportado la Junta de
Andalucía. La Diputación, el Ayuntamiento de Almería y el Colegio de
Abogados también pusieron en marcha una Oficina de Intermediación por la que
han pasado más de 150 familias con problemas hipotecarios.
A través de su mediación lograron
carencias de amortización del capital de cuatro años, ampliaciones del plazo,
reducciones del tipo de interés, acuerdos de quitas y hasta, en algunos casos,
la figura de dación en pago. El PSOE de Almería, a través del Grupo Antidesahucios,
también ha puesto su grano de arena en una batalla que políticamente siempre
lideró Izquierda Unida. Andalucía tira del carro de la solidaridad y la
justicia social ante una delicada situación de emergencia que atraviesan miles
de familias.
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