José Luis Sánchez Teruel
Secretario General del PSOE de Almería
El Gobierno de la Junta de Andalucía acaba de demostrar que los ajustes en el gasto público se pueden hacer de modo y manera que casen y vengan juntos con el respeto a los derechos y servicios del Estado del bienestar, sin cargarse ni romper o cortar nada de los mismos. El jueves, el Gobierno de Rajoy dio su aprobación a las cuentas que le presentó Andalucía, junto a las demás Comunidades, aceptando así que hay otra forma de hacer las cosas aún compartiendo el objetivo de reducir el endeudamiento de las administraciones. La derecha se queda fuera de juego cuando los españoles que no viven en Andalucía comparan lo que hacemos aquí con lo que hace el PP en otros territorios.
Los andaluces serán los beneficiarios de una política económica que salvaguarda la calidad educativa, el acceso a la Universidad, ya que no se subirán las tasas, las prestaciones sanitarias y programas sociales como la Ley de Dependencia. Al mismo tiempo, se ponen en marcha medidas de eficiencia en el gasto que son necesarias y además compatibles con el mantenimiento del empleo público sin privatizar servicios y aplicando una política fiscal más justa.
Por ejemplo, la que se aplicará a los últimos tramos de la tarifa autonómica del IRPF, a las personas que ganan más de 60.000. Es la aplicación práctica del principio básico de justicia distributiva por el que quienes más ganan más aportan al erario público. El lector sabrá que esto es justo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno de Rajoy, que sube el IRPF a todos los españoles, independientemente de los ingresos que tengan, a trabajadores, púbicos o privados, pensionistas, a todo el mundo, gane lo que gane.
De puertas adentro, la Junta predica con el ejemplo reduciendo su estructura política, bajando el sueldo de los altos cargos -el Presidente de la Junta de Andalucía con esta bajada ya se ha reducido su sueldo en un 20%- y aplicando una reducción en los complementos y retribuciones de carácter variable de los empleados públicos. De esta forma será posible mantener todos los puestos de trabajo. De haber seguido los criterios del PP, habríamos asistido a otra sangría de nuevos despidos, unos treinta mil, en nuestra Comunidad. Además, el presidente Griñán ha tomado una medida que de alguna manera ejemplifica lo que estoy señalando: ha decidido acabar con la equiparación salarial que hasta ahora era norma entre los miembros del Gobierno de Andalucía y los del Gobierno de la Nación.
Los socialistas estamos defendiendo que hay otra manera de salir de la crisis, desde la lealtad hacia nuestros conciudadanos y la lealtad hacia el ejecutivo central, al que cabe exigirle correspondencia. Merece la pena recordar en ese sentido que si se hubiera cumplido lo dispuesto en nuestro Estatuto, el Gobierno del PP debería haber destinado a Andalucía 408,3 millones de euros más en base a las transferencias corrientes que nos corresponden por población. También queremos que los ciudadanos sepan que hemos reclamado al Gobierno de Rajoy –sin mucho éxito, por ahora- que se nos transfieran los 1.504 millones de euros que se nos adeuda, acreditados por la Intervención General del Estado, de las inversiones de los Presupuestos del Estado de 2008 y 2009.
Hechos y palabras demuestran que los andaluces, todos los almerienses, recibimos un castigo injusto por parte del Gobierno de Rajoy y que el plan económico financiero que se ha aprobado hubiera sido mucho menor de haberse tratado con justicia a los andaluces. La única razón es que la mayoría de los ciudadanos decidieron en las urnas el pasado 25 de marzo que no querían un gobierno de la derecha porque es posible salir de la crisis desde la izquierda, y eso dejo al PP fuera de juego, y ahí sigue.
Los andaluces serán los beneficiarios de una política económica que salvaguarda la calidad educativa, el acceso a la Universidad, ya que no se subirán las tasas, las prestaciones sanitarias y programas sociales como la Ley de Dependencia. Al mismo tiempo, se ponen en marcha medidas de eficiencia en el gasto que son necesarias y además compatibles con el mantenimiento del empleo público sin privatizar servicios y aplicando una política fiscal más justa.
Por ejemplo, la que se aplicará a los últimos tramos de la tarifa autonómica del IRPF, a las personas que ganan más de 60.000. Es la aplicación práctica del principio básico de justicia distributiva por el que quienes más ganan más aportan al erario público. El lector sabrá que esto es justo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno de Rajoy, que sube el IRPF a todos los españoles, independientemente de los ingresos que tengan, a trabajadores, púbicos o privados, pensionistas, a todo el mundo, gane lo que gane.
De puertas adentro, la Junta predica con el ejemplo reduciendo su estructura política, bajando el sueldo de los altos cargos -el Presidente de la Junta de Andalucía con esta bajada ya se ha reducido su sueldo en un 20%- y aplicando una reducción en los complementos y retribuciones de carácter variable de los empleados públicos. De esta forma será posible mantener todos los puestos de trabajo. De haber seguido los criterios del PP, habríamos asistido a otra sangría de nuevos despidos, unos treinta mil, en nuestra Comunidad. Además, el presidente Griñán ha tomado una medida que de alguna manera ejemplifica lo que estoy señalando: ha decidido acabar con la equiparación salarial que hasta ahora era norma entre los miembros del Gobierno de Andalucía y los del Gobierno de la Nación.
Los socialistas estamos defendiendo que hay otra manera de salir de la crisis, desde la lealtad hacia nuestros conciudadanos y la lealtad hacia el ejecutivo central, al que cabe exigirle correspondencia. Merece la pena recordar en ese sentido que si se hubiera cumplido lo dispuesto en nuestro Estatuto, el Gobierno del PP debería haber destinado a Andalucía 408,3 millones de euros más en base a las transferencias corrientes que nos corresponden por población. También queremos que los ciudadanos sepan que hemos reclamado al Gobierno de Rajoy –sin mucho éxito, por ahora- que se nos transfieran los 1.504 millones de euros que se nos adeuda, acreditados por la Intervención General del Estado, de las inversiones de los Presupuestos del Estado de 2008 y 2009.
Hechos y palabras demuestran que los andaluces, todos los almerienses, recibimos un castigo injusto por parte del Gobierno de Rajoy y que el plan económico financiero que se ha aprobado hubiera sido mucho menor de haberse tratado con justicia a los andaluces. La única razón es que la mayoría de los ciudadanos decidieron en las urnas el pasado 25 de marzo que no querían un gobierno de la derecha porque es posible salir de la crisis desde la izquierda, y eso dejo al PP fuera de juego, y ahí sigue.
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