Juan Folío
La Opinión de Almería
La entidad creticia almeriense Cajamar acaba de recibir un varapalo de la justicia catalana, en contra de todos los pronósticos. El juzgado de instrucción número 6 de Barcelona ha descartado el desalojo del edificio del barrio barcelonés de Nou Barris que fue ocupado el pasado 15 de octubre en una manifestación de "indignados" y ha emplazado a Cajamar a acudir a la vía civil para hacer valer sus derechos como propietaria. La causa se ha archivado.
En un auto, el juez justifica su decisión en que los hechos investigados "no son constitutivos de infracción penal y, consecuentemente, ha de procederse al archivo de las actuaciones", alineándose así a los argumentos de la defensa de los ocupantes imputados que pedía que se siguiera el procedimiento por la vía civil puesto que no se estaba causando un daño grave a la propiedad. El juez considera demostrado que los ocupantes no han realizado un ataque penalmente relevante a los dueños de los pisos, porque el bloque lleva tiempo vacío, porque su situación actual y su futuro es de "indefinición" ya que tiene varios propietarios, porque solo uno, Cajamar, ha denunciado, y no hay ningún proyecto claro sobre qué hacer con él. Por ello, archiva el caso por la vía penal, una decisión que puede ser recurrida, y recuerda que los propietarios podrán optar por la vía civil o contencioso administrativa para recuperar el inmueble.
El viernes ocho personas declararon ante el juez como imputadas por un delito de usurpación, seis de las familias que viven en el edificio y dos de la asociación 500X20 que les da apoyo, y dieron explicaciones sobre su situación personal y económica. Un representante de Cajamar, desde agosto propietario del inmueble, también acudió al juzgado para presentar los títulos de propiedad y reclamar que se vaciara el inmueble. Tras las declaraciones, se celebró una vistilla en la que el fiscal pidió que se desalojara el edificio okupado y que se diera un plazo de un mes a las familias para irse de manera voluntaria, mientras que las defensas reclamaron el archivo del caso. Lo argumenta diciendo que "clarísimamente se da una utilización instrumental del derecho penal" en este caso, una vía que generalmente se reserva a casos graves de usurpación, solamente cuando el inmueble usurpado es la vivienda de los propietarios o pueden probar que le están dando un uso.
El viernes ocho personas declararon ante el juez como imputadas por un delito de usurpación, seis de las familias que viven en el edificio y dos de la asociación 500X20 que les da apoyo, y dieron explicaciones sobre su situación personal y económica. Un representante de Cajamar, desde agosto propietario del inmueble, también acudió al juzgado para presentar los títulos de propiedad y reclamar que se vaciara el inmueble. Tras las declaraciones, se celebró una vistilla en la que el fiscal pidió que se desalojara el edificio okupado y que se diera un plazo de un mes a las familias para irse de manera voluntaria, mientras que las defensas reclamaron el archivo del caso. Lo argumenta diciendo que "clarísimamente se da una utilización instrumental del derecho penal" en este caso, una vía que generalmente se reserva a casos graves de usurpación, solamente cuando el inmueble usurpado es la vivienda de los propietarios o pueden probar que le están dando un uso.
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