Diego Asensio
Secretario General del PSOE de Almería
La idiosincrasia española se vio siempre muy bien reflejada en aquellos chistes –no sé si siguen haciéndose- que comenzaban más o menos así: “Iban un alemán, un americano, un japonés y un español...”. En el chiste, los otros siempre tenían una solución muy limitada para todas las cosas, e incluso, si lo recuerdan, parecían un poco bobos, y entonces veníamos nosotros a rematar la cuestión con ingenio o, las más de las veces, con picardía. Podría hacerse un chiste así con el asunto de las descargas ilegales, porque de alguna forma España ha encontrado la manera de situarse como el país del mundo con el mayor número de internautas que utilizan servicios de distribución ilegal de contenidos audiovisuales; el cuarenta y cinco por ciento de los usuarios de la Red en nuestro país, el doble que la media europea, ha asumido como cosa natural que si se puede adquirir música gratuitamente o ver películas sin pagar nada, lo más inteligente es hacerlo.
Así las cosas, éste es el país donde más impopular resulta tratar de defender el derecho de todo creador a obtener un justo beneficio por el consumo del objeto de su creación, y el también derecho de las miles de personas que trabajan en el sector de la cultura, sobre todo jóvenes, a ganarse honradamente la vida. Pero el hecho de que sea impopular no puede ser impedimento para legislar en contra de la piratería.
Antonio Muñoz Molina ha escrito que “la única propiedad que se considera ilegítima o sospechosa ahora mismo en España es la propiedad intelectual”, y alguien cuyo nombre ahora no recuerdo señalaba recientemente que “la única propiedad que se percibe como común es la intelectual”. En este contexto, resulta apropiado preguntarse si intentar regular las descargas ilícitas en la Red, estar en contra del “todo gratis”, es progresista o reaccionario. La respuesta es sencilla: estar a favor de la cultura siempre es progresista; no lo es en absoluto tratar de reducirla a la nada.
En un reciente artículo de prensa, la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, planteaba cuestiones muy interesantes en torno a esa Ley que se nombra con su segundo apellido, aunque en realidad es Disposición final segunda de otra Ley, la de Economía Sostenible, y tiene como propósito algo tan razonable como proteger la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información. Entre otras cosas, González Sinde dice que el antagonismo que se ha planteado entre gente de la cultura y gente de la tecnología sobre la base de que los derechos de autor suponen un impedimento al avance del progreso es un error. Mientras los usuarios de la Red, añade, pierden tiempo y energía enfrentándose a la gente de la cultura, “el verdadero adversario está en otro lado haciéndose más y más fuerte”. ¿Quién? Todo aquél que no desea que las ideas se protejan para evitar que surjan más ideas, los que desean que cada vez menos personas se dediquen profesionalmente a la cultura y, con ello, reducir la variedad expresiva y favorecer la monocultura; y, desde luego, quienes sí se están enriqueciendo gracias a las descargas.
El acuerdo alcanzado entre PSOE, PP y CIU para sacar adelante esta Ley en el Senado y, posteriormente, también en el Congreso, no supone cambios sustanciales sobre el texto original: protege la propiedad intelectual, no persigue a los ciudadanos sino a las webs que vulneran los legítimos derechos del autor, se refuerzan las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de cualquiera de ellas y, en definitiva, no significa, en modo alguno, un ataque a la Red ni a sus usuarios.
Le importe a muchos o a pocos, España debe salir de ese lamentable liderazgo en piratería, no ya sólo porque sea injusto con los creadores e inmoral desde todo punto de vista, sino porque realmente está en juego la supervivencia de nuestra cultura.
Así las cosas, éste es el país donde más impopular resulta tratar de defender el derecho de todo creador a obtener un justo beneficio por el consumo del objeto de su creación, y el también derecho de las miles de personas que trabajan en el sector de la cultura, sobre todo jóvenes, a ganarse honradamente la vida. Pero el hecho de que sea impopular no puede ser impedimento para legislar en contra de la piratería.
Antonio Muñoz Molina ha escrito que “la única propiedad que se considera ilegítima o sospechosa ahora mismo en España es la propiedad intelectual”, y alguien cuyo nombre ahora no recuerdo señalaba recientemente que “la única propiedad que se percibe como común es la intelectual”. En este contexto, resulta apropiado preguntarse si intentar regular las descargas ilícitas en la Red, estar en contra del “todo gratis”, es progresista o reaccionario. La respuesta es sencilla: estar a favor de la cultura siempre es progresista; no lo es en absoluto tratar de reducirla a la nada.
En un reciente artículo de prensa, la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, planteaba cuestiones muy interesantes en torno a esa Ley que se nombra con su segundo apellido, aunque en realidad es Disposición final segunda de otra Ley, la de Economía Sostenible, y tiene como propósito algo tan razonable como proteger la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información. Entre otras cosas, González Sinde dice que el antagonismo que se ha planteado entre gente de la cultura y gente de la tecnología sobre la base de que los derechos de autor suponen un impedimento al avance del progreso es un error. Mientras los usuarios de la Red, añade, pierden tiempo y energía enfrentándose a la gente de la cultura, “el verdadero adversario está en otro lado haciéndose más y más fuerte”. ¿Quién? Todo aquél que no desea que las ideas se protejan para evitar que surjan más ideas, los que desean que cada vez menos personas se dediquen profesionalmente a la cultura y, con ello, reducir la variedad expresiva y favorecer la monocultura; y, desde luego, quienes sí se están enriqueciendo gracias a las descargas.
El acuerdo alcanzado entre PSOE, PP y CIU para sacar adelante esta Ley en el Senado y, posteriormente, también en el Congreso, no supone cambios sustanciales sobre el texto original: protege la propiedad intelectual, no persigue a los ciudadanos sino a las webs que vulneran los legítimos derechos del autor, se refuerzan las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de cualquiera de ellas y, en definitiva, no significa, en modo alguno, un ataque a la Red ni a sus usuarios.
Le importe a muchos o a pocos, España debe salir de ese lamentable liderazgo en piratería, no ya sólo porque sea injusto con los creadores e inmoral desde todo punto de vista, sino porque realmente está en juego la supervivencia de nuestra cultura.
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