Coordinador de UpyD
Unión Progreso y Democracia se suma a la pitada y manifestación que hemos vivido en la capital. Los grupos convocantes de ambos actos no quieren que se politice esta cuestión, pero la cuestión ya está politizada, en tanto es el PSOE en el gobierno de la Junta quiere colocar de funcionarios, en especial, a los altos cargos de las empresas públicas, ex alcaldes, ex concejales, ex diputados, ex consejeros, muchos ex y amigos del poder.
Para UPyD, desde hace muchos años, la administración ha ido desmantelando el tejido administrativo almeriense, tanto en esencia como en conciencia; la primera, porque las funciones que antes desarrollaban nuestros funcionarios ahora la hacen personal contratado de estas empresas (el 70% de los presupuestos de las consejerías lo ha desarrollado -gastado- estas empresas publicas), y la segunda, porque se ha imposibilitando la labor fiscalizadora que tienen que desarrollar los servidores públicos e impedido o dificultado su imparcialidad.
Además, las instituciones del Estado han conseguido que la ciudadanía vea a los funcionarios como un conjunto de privilegiados (que tienen su trabajo fijo) y no como una conquista social. El funcionario profesional e independiente ha sido un logro alcanzado por nuestros abuelos al objeto de conseguir el buen hacer y gobierno de los cargos públicos. La función pública independiente del poder político es una conquista que toda la sociedad debe valorar. Los funcionarios deben tener asegurado su empleo para que no ocurra lo que ocurría en el siglo XIX, que con cada cambio de gobierno cambiaba la administración; y éstos hacían lo que mandaba el poder político. En los funcionarios, la seguridad del empleo es una necesidad, no un privilegio.
El decreto ley 5/2010 quiere integrar dentro de la función pública a almerienses de los que, no discutiendo su valía profesional, no han aprobado una oposición que garantice los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, que nuestra constitución consagra para elegir a los servidores públicos. La tramitación por la vía de urgencia solo se puede entender porque el PSOE quiere garantizar los puestos de trabajo de sus acólitos (pasarían a ser funcionarios unos 20.000 trabajadores) y dejar una manzana envenenada (muchos de esos trabajadores serían altos cargos de la Administración) al partido que ocupe la presidencia de la Junta de Andalucía y sus delegaciones provinciales. No podemos consentir, los partidos políticos, este atropello a la Constitución, los funcionarios esta arbitrariedad administrativa, y los ciudadanos el expolio de nuestro patrimonio y el lastre que supondrá para salir de la crisis.
El acuerdo del Consejo de Gobierno faculta a dos sociedades instrumentales de la JJ AA a enajenar, entre otros, inmuebles en la calle Ferranz, en la calle Hnos. Machado y calle Arapiles, todas en Almeria capital. Es hora de que el PSOE de Almeria se posicione y diga lo mismo que decía cuando Luis Rogelio quería pagar la deuda municipal con solares y recordaba que los portavoces del PSOE hablaban de expolio municipal. Ahora callan y justifican las ocurrencia de Griñan, cuando hace escasos meses gritaban e injustificaban la propuesta de Luis Rogelio; y ambas son lo mismo.
El silencio mediático y ciudadano en relación a esta cuestión es preocupante y denota el lamentable clima moral que sufre la sociedad española en general y la almeriense en particular. Felicito a los funcionarios por su posición e información a la ciudadanía y solicito la presencia masiva de ciudadanos en las movilizaciones que a buen seguro habrá. Basta ya de protestar sentados, apoyemos a los que nos defienden del caciquismo, defendamos a los que luchan contra la arbitrariedad política.
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